Organizaciones sociales afirman que la desinformación y la burocracia causan la "baja" inscripción en el censo electoral

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tan sólo un 13 por ciento de las personas inmigrantes con derecho a voto han formalizado su inscripción en el censo electoral, según los datos de INE, lo que significa que apenas 45.554 personas, de los 350.000 convocados, han conseguido sortear todos los obstáculos de un sistema de inscripción pensado "no precisamente para facilitar el derecho al voto". Así lo piensan las más de 50 organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, y que han puesto en marcha la campaña 'Aquí Vivo Aquí Voto. Por una Ciudadanía Plena'.

Para la Plataforma este dato "es aún más risorio", ya que de los cerca de dos millones de personas que residen legalmente en España, pagan sus impuestos y cumplen con sus obligaciones, sólo van a votar 45.554, es decir el dos por ciento, según ha indicado en nota de prensa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que forma parte de este grupo de asociaciones. Por tanto, aseguran, la participación política de la población inmigrante en estas elecciones municipales "será anecdótica".

Así, las personas procedentes de los países con derecho a voto --Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Cabo Verde e Islandia-- han tenido un escaso mes y medio más una ampliación de diez días para inscribirse en el censo electoral, además en mitad de las vacaciones navideñas.

A esto, apuntan, se añaden los numerosos trámites, ya que han tenido en muchos casos que solicitar un certificado en comisaría, perder una mañana, tal y como se plantea el mercado laboral en este momento, pagar unos siete euros (por un trámite que, según la ley electoral tendría que ser gratuito), e ir al ayuntamiento, que con frecuencia no estaba informado del procedimiento.

Además, opinan, la desinformación ha sido alarmante, ya que muchos ayuntamientos no estaban informados convenientemente y la campaña institucional llevada a cabo por el Gobierno ha llegado tarde y sin difusión mediática.

Por tanto, para las entidades, todas estas razones evidencian un "claro desinterés" político por parte de la administración. "Sería impensable que un español tuviera que pasar por todo este rosario de trabas y recibiera tan poca información, pedimos que se informe a las personas inmigrantes con el mismo celo con el que se informa a los españoles", señalan.

De este modo, apunta, la Campaña 'Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una Ciudadanía Plena' pretende el reconocimiento de derechos políticos de los extranjeros en España y aspira a que se modifique el artículo 13.2 de la Constitución, con el fin de abrir la participación política a todos los residentes en España. Así ocurre en países de nuestro entorno como Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos o Luxemburgo.

"No se puede pedir a las personas inmigrantes que se integren, que se sientan responsables del lugar en el que viven y luego negarles que participen en las decisiones que les afectan directamente", lamentan.