El Parlamento insta a la Junta a pedir al Consistorio de Tomares que devuelva el dinero de las VPO paralizadas

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, una proposición no de ley por la que se insta a la Junta a pedir al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), gobernado por José Luis Sanz (PP), que abone las cantidades entregadas a cuenta por los ciudadanos afectados por el conflicto de las viviendas protegidas del residencial Aldana, donde 72 de las viviendas están paralizadas pese a que 50 adjudicatarios anticiparon 1.232.884,5 euros al grupo constructor Ferro.

En una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y apoyada por PSOE e IU, se insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Ayuntamiento de Tomares, como responsable subsidiario de la adjudicación a la promotora de las obras de estas 72 VPO, para que "se subrogue en la deuda de los afectados, procediendo al abono de las cantidades entregadas a cuenta, en el plazo de 60 días, a partir del 30 de septiembre de 2014".

El documento apunta que el aval depositado por Grupo Ferro en el Ayuntamiento "podría servir para saldar la deuda con los afectados, de modo que se propone que ambas partes cambien las condiciones del acuerdo en el órgano facultativo pertinente en el que se fijaron las condiciones del convenio urbanístico".

Asimismo, la comisión ha aprobado que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno a "iniciar cuantas acciones sean necesarias para que, conjuntamente con el Ayuntamiento de Tomares, se restituya en el plazo más inmediato posible las cantidades a cuenta del precio entregada por los adquirientes de las viviendas protegidas de esta promoción fallida".

El documento recuerda que el Ayuntamiento adjudicó en 2008 las obras a la promotora Grupo Ferro SL, que recientemente ha cambiado su denominación a Urbanizadora Rojas.

La Junta de Andalucía autorizó la formalización de contratos entre la promotora y los compradores, que han llegado a abonar en el periodo comprendido de 2009 a 2011 un total exacto de 1.232.884,5 millones de euros, de forma que "Grupo Ferro ha recaudado el montante de este importe sin tener garantizada la financiación de las obras y sin emitir los avales individuales, es decir, el seguro que garantiza la devolución de las cantidades aportadas en caso de problemas circunstanciales, como la paralización de las obras".

El proyecto de Grupo Ferro consistía en un conjunto residencial de viviendas, garajes y trasteros, repartidos en cuatro bloques, denominado residencial Aldana. De esta promoción ya se han entregado tres edificios, menos el que incluye estas 72 VPO, que se llama Airen. Las obras de estas viviendas, que en el contrato acordado por la promotora con sus clientes constaba como plazo de entrega el tercer trimestre de 2011, se paralizaron en el año 2010 "y desde entonces en el solar sólo hay grúas paradas y el esqueleto de un edificio".

Los propietarios, dados los retrasos y la falta de actividad en la construcción de sus viviendas, han rescindido los contratos y han solicitado a la promotora en numerosas ocasiones la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, sin resultado alguno. La promotora reconoce los incumplimientos contractuales y la deuda, pero sigue sin devolver el dinero.

Las cantidades aportadas por los adjudicatarios no han sido garantizadas individualmente por entidad aseguradora o de caución alguna. Cada propietario ha abonado entre los 10.000 y los 35.000 euros, aproximadamente. En la actualidad, al menos 50 compradores se encuentran afectados.

Los afectados, de su lado, recuerdan que el alcalde de Tomares firmó el 31 de enero de 2013 "un acta de compromisos con el presidente de Urbanizadora Rojas, Juan Rojas, para estudiar un nuevo convenio de gestión del sector afectado. La promotora se ha comprometido a saldar la deuda con los adjudicatarios mediante talón nominativo, pero los propietarios seguimos a fecha de hoy sin cobrar el dinero, ya que las obras siguen sin tener garantizadas la financiación". Recuerdan los afectados, así, que las cantidades aportadas no fueron "garantizadas individualmente por ninguna entidad aseguradora o de caución, como es obligatorio conforme a Derecho, tal y como debería haber fiscalizado la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía".