SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos del PSOE-A y de IULV-CA, una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se pedía a la Cámara autonómica, de un lado, que reprobara el "mantenimiento de recortes en las retribuciones de los empleados públicos andaluces para el ejercicio 2013" y a la Junta, de otro, que adoptara las "medidas oportunas" para "no imponer más sacrificios" a estos empleados durante el próximo año.
Según ha defendido el portavoz 'popular' Rafael Ruiz Cantos en el Pleno del Parlamento durante el debate de la iniciativa, ha sido la Junta la que ha "recortado" los sueldos de los empleados públicos de la comunidad y la que les "ha metido la mano en el bolsillo", por lo que ha reclamado que "se deje sin efecto los recortes" contemplados en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
También ha pedido que la Junta renuncie, por tanto, "a contemplar nuevos recortes salariales" en los presupuestos de 2014, "eliminando la posibilidad prevista en ese sentido en la referida Ley de no levantar la suspensión en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Sobre todo, según ha argumentado Ruiz Cantos, porque, de no tomarse esta medidas, el Gobierno andaluz estará convirtiendo a los más de 260.000 empleados públicos andaluces "en los más penalizados de toda España, ya que ninguna comunidad (a excepción de Cataluña) aplicará nuevos recortes para este año, no existiendo norma básica estatal que así lo contemple". "Es por ello que la adición de este recorte a los ya aplicados entre 2010 y 2012 supone una mayor e injusta pérdida retributiva y de poder adquisitivo acumulada para personal del sector público andaluz, a la que no se ha intentado buscar otra alternativa", ha añadido.
El 'popular' también ha exigido un "compromiso firme" de la Junta para que, "una vez se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía", se compense a estos empleados por la "pérdida de poder adquisitivo" ocasionada por los recortes salariales ya aplicados en el ejercicio 2012, y los que se apliquen en el presente y, en su caso, futuros ejercicios.
"Quítense la máscara de la falacia y el engaño y enseñen su verdadero rostro, que es aterrador", les ha dicho a los miembros del Gobierno de IULV-CA y PSOE-A y que, en su opinión, son los que están "machacando los derechos fundamentales" de los andaluces con sus políticas "socialistas" que, según ha resumido, se basan en "echarle la culpa a los demás" y que "paguen otros".
Tras acusar a la Junta de hacer estos "recortes" por su "incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad presupuestaría establecidos por el Gobierno de la Nación para nuestra comunidad en los ejercicios 2009, 2010 y 2011", el 'popular' también ha rechazo el "burdo argumento esgrimido por el bipartito andaluz de la necesidad de aplicar esta medida para evitar la destrucción de empleos públicos", ya que, a su juicio, "cae por su propio peso ante la evidencia de despidos y pérdida de empleos en distintos ámbitos del sector público andaluz".
"Para el PP-A el control del déficit o el pago de la deuda no deben exigir este nuevo y desproporcionado sacrificio para miles de empleados públicos andaluces mientras existan otras alternativas y espacios donde todavía existe margen para reducir el gasto, y, especialmente, cuando se mantiene un entramado de entes paralelos que han ido en aumento en estos años de crisis, configurando una Administración sobredimensionada a la que el Gobierno andaluz se resiste a racionalizar, bajo criterios de eficacia y eficiencia, y sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales", argumentan los 'populares' en su iniciativa.
IULV-CA Y PSOE-A CULPAN AL GOBIERNO DE LOS RECORTES
Frente a ello, IULV-CA y PSOE-A han coincidido en señalar al Gobierno de la Nación y a sus políticas de derecha como los responsables de estos recortes en Andalucía. La primera en hacerlo ha sido la diputada Rosalía Martín, que ha lamentado que el Gobierno de Rajoy anteponga el déficit y la deuda a las personas y no sea capaz de tomar "medidas valientes a favor de la mayoría social".
Así pues, además de recordar que "una cosa es el equilibrio presupuestario y otra anteponer el pago de la deuda a la sociedad", ha invitado al Ejecutivo central a que abandonen "su manía de poner por encima de todo el pago de la deuda en detrimento de los empleados públicos, de la sanidad, de la educación, la dependencia y, en definitiva, en detrimento de los servicios públicos esenciales".
Principalmente, según ha añadido, porque el PP-A "no puede venir con esta PNL y total impunidad y atrevimiento sabiendo que son sus políticas las que dan lugar a que Andalucía tenga recortes, los recortes impuestos por el PP", un partido que "no cree en lo público" y que "ahora trae una propuesta demagógica y populista para falsear un debate sobre los empleados públicos".
En la misma línea ha intervenido el socialista José Caballos, que también ha criticado que el PP-A venga al Parlamento andaluz a pedir que se rechacen los recortes de la Junta a los empleados públicos "cuando es su partido el que ha despedido a 370.000 en España" desde que llegó Mariano Rajoy a la Moncloa con su política "del déficit", que es la que, según ha argumentado, ha "obligado" a la Administración autonómica a aprobar el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero 2012-2014.
Por ello, ha calificado la propuesta del PP-A de "pura demagogia" así como de "falsa y oportunista" y ha atribuido las críticas a Andalucía por parte de la derecha "a que se ha convertido en un testigo incómodo y de cargo de que sí se puede gobernar de otra manera". "La única política de Rajoy es la reducción del déficit y al altar de ello se están sacrificando los derechos conseguidos con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero cuando se aprobaron las leyes de educación, salud, pensiones no contributivas o dependencia", ha recordado como medidas para "hacer justicia social".
