El pleno de San Juan (Sevilla) acuerda pedir a la Junta la rescisión del convenio de financiación del coste del metro

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto con Cambia San Juan, ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria de mayo solicitar a la Consejería de Fomento la rescisión del convenio firmado en 2002 entre ambas partes, para la financiación compartida de la tarifa técnica o coste real del uso por parte de la ciudadanía de la línea uno del metro, gestionado por una sociedad encabezada por la corporación privada Globalvía y de manera minoritaria por la Junta de Andalucía.

El concejal de Planificación Urbanística y Movilidad, el popular Carlos Leo, ha rememorado en su intervención que en el pleno ordinario de marzo, la corporación municipal ya ratificó una resolución de Alcaldía para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden de fecha 27 de diciembre de 2024 dictada por la Consejería de Fomento, en demanda de que este Consistorio aljarafeño pagase 4,3 millones de euros a la Junta por el convenio de 2002 entre ambas partes sobre la línea uno del metro, que cuenta con dos paradas en la localidad.

RECLAMACIÓN ECONÓMICA

Ello, después de que la Junta de Andalucía reclamase en suma más de 172 millones de euros a los cuatro municipios abarcados por la línea uno del metro, que son Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan; por la deuda derivada de la explotación del suburbano hispalense, cuya sociedad gestora encabeza la corporación privada Globalvía, merced a los convenios suscritos en 2002 con la Administración autonómica como promotora del proyecto y responsable del servicio público de metro, para financiar la tarifa técnica del mismo, es decir el coste real del funcionamiento del suburbano más allá del precio que paga la ciudadanía por su uso.

Al respecto, el edil de Movilidad ha expuesto, como ya hiciera en el pleno de marzo, que el principal argumento para el mencionado recurso contencioso contra la reclamación económica de la Junta y ahora para "impugnar" el convenio de 2002 del que parte dicha solicitud de fondos reside en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, promovida en 2013 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy.

LAS COMPETENCIAS

Según dicha ley nacional, como ha destacado Carlos Leo, el servicio público de metro "no es competencia exclusiva" del Ayuntamiento, sino "íntegramente de la Comunidad Autónoma", o sea de la Junta; con lo que procede "impugnarlo" para su rescisión y así "no seguir generando deuda", pues el Ayuntamiento arrastraría una "deuda acumulada de cinco millones" de euros, por este concepto que según ha indicado no le correspondería abonar.

También ha intervenido en el debate el portavoz del PSOE, Fernando Zamora, manifestando su "total apoyo" a la decisión municipal, porque el convenio de 2002 "no tiene razón de ser". Y es que como ha argumentado Zamora, no procede que el Ayuntamiento de San Juan y por ende la ciudadanía del municipio pague en exclusiva parte de esa tarifa técnica del metro, cuando es un servicio usado por personas de toda la comarca y no sólo de los municipios que cuentan con parada.