El PP-A critica que la Junta ignore el control financiero permanente sobre el IDEA para "pagar ERE a su libre albedrío"

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Área Económica del PP-A, Rafael Carmona, ha criticado este sábado que el Gobierno de la Junta de Andalucía haya ignorado el control financiero permanente llevado a cabo en el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con el objetivo de "pagar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a su libre albedrío".

En rueda de prensa en Sevilla, Carmona ha asegurado que "se está pagando a quien la Junta le da la gana", cuando el dinero con el que contaba el IFA, 646 millones de euros, para proporcionar en un primer momento subvenciones a las empresas, según consta en el convenio marco firmado entre Empleo y la entidad andaluza en 2001, "estaba destinado a asesorar sobre relaciones laborales y materializar pagos de las ayudas que conceda Empleo" a empresas particulares.

De esta forma, ha afirmado el popular, se hizo una transferencia de fondos de explotación desde Empleo hasta el IFA destinados "exclusivamente a gastos de personal y a servicios exteriores, en ningún caso se recoge una actuación relacionada con ERE". Así, Carmona ha apuntado que la transferencia realizada no posee "ningún soporte ni publicidad, con lo que constituye un fondo de reptiles", un fondo económico que presuntamente ha ido a parar a las cuentas de los 39 falsos prejubilados.

En este sentido, ha advertido que en este asunto la Junta proyectó controles que se llevaron a cabo. En primer lugar, un control previo a la Consejería de Empleo que "se salvó porque tan solo era necesario que el interventor viera que había crédito que transferirse". Sin embargo, el IFA, sujeto al control financiero permanente que se realiza 'a posteriori', "detectó errores en el procedimiento", algo que, asevera, ha constatado la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno.

Al respecto, ha criticado que el Gobierno andaluz hiciese prevalecer la política ante una cuestión "técnico-política para que no se descubriera el pastel", habiendo detectado los técnicos "irregularidades" en el procedimiento. Fue entonces cuando, según Carmona, "la Consejería de Empleo discrepó" ante esto, por lo que, el que fuera consejero de Economía y Hacienda de 2005 a 2009 y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "es conocedor de que había instaurado un sistema para utilizar 646 millones de euros sin ningún tipo de control".

Asimismo, el popular ha señalado que "con lo que no contaba la Junta era con el escándalo de Mercasevilla", el cual está siendo investigado y a través del cual se han conocido los presuntos 39 falsos prejubilados. Así, ha mencionado que "en ninguna memoria del IFA desde 2002 hasta 2008 se hacen referencias a los ERE", puntualizando que en 2008 "ya aparecen los convenios en la memoria y en 2009 ya hay cambios porque detectan que esto es insostenible".

De manera que la memoria de 2009 se elaboró en el primer trimestre de 2010, motivo por el que el popular ha comentado que "es muy probable que, descubierto el problema y estando la investigación en manos de la juez, el Gobierno se viera en la necesidad de dar la cara", y ha incidido en la idea de que "todo esto lo sabe la cúpula de la Junta", una actuación "sin transparencia, sin control, sin normativa reguladora, sin explicación en la memoria y con mucha intencionalidad".

Del mismo modo, el popular ha criticado que la Cámara de Cuentas no haya llevado a cabo una auditoría en el IFA ni en el IDEA, lo que demuestra una "gran falta de transparencia en este dinero público que se ha repartido sin control", y ha añadido que "esto no es Andalucía, esto es un ejemplo más de la forma de gobernar del Partido Socialista y del régimen instaurado por el mismo".

"ACTITUD OBSTRUCCIONISTA Y OPACA"

De otro lado, según ha asegurado la portavoz del PP-A, Rosario Soto, ante una "actitud obstruccionista y opaca" por parte de la Administración andaluza, el Grupo Parlamentario Popular le pedirá una serie de documentos después de que la misma "se haya negado" a llevar a cabo una comisión de investigación en el Parlamento andaluz que aclare lo relativo al entramado de ERE presuntamente irregulares investigados por la Justicia y por el propio Ejecutivo andaluz.

Así, algunos de los documentos que el PP-A demanda a la Junta son los referidos a la información de los expedientes administrativos relativos a las ayudas concedidas a las empresas con ERE autorizados, a los informes realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía y remitidos a Empleo en los años 2005, 2006 y 2007 en los que se muestra la disconformidad del órgano de control interno, o la relativa a las pólizas de seguros y rentas relativas a despidos colectivos de empresas en crisis que hayan recibido ayudas de la Junta y en las que hayan intervenido las empresas Vitalia y Uniter, entre otra documentación.

Además, Soto cree que la Mesa del Parlamento Andaluz "debería exigir de oficio al Gobierno la remisión urgente de toda la información, sin agotar los plazos, por la gravedad y la alarma social del caso". En cualquier caso, ha afirmado que si su grupo parlamentario no obtiene esta información, llevará "indiscutiblemente" a los tribunales a la Administración.

CD DE MERCASEVILLA

Por otra parte, Soto ha hecho referencia a una información publicada este sábado por el diario 'El Mundo' en la que se pone de relieve la existencia del CD remitido por la Junta a la Fiscalía en torno al presunto intento de cobro de comisiones ilegales "sin indicar su contenido", un envío que al parecer se produjo "28 días después de conocer la primera denuncia" el Gobierno.

Al hilo, la popular ha argumentado que la Administración "se ha prestado a la colaboración con la Justicia después de estar dos o tres días dando tumbos la cinta antes de presentarla a la Fiscalía" y ha hecho hincapié en que esta "supuesta colaboración se ha hecho a partir de la denuncia realizada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual llevaba mucho tiempo denunciando" la presunta irregularidad de los ERE de la sociedad mixta sevillana.

PRESUNTA IMPLICACIÓN DE LANZAS

La portavoz del PP-A ha aludido a las posibles prejubilaciones irregulares que presuntamente han podido darse en el grupo Nueva Rumasa, como ha ocurrido posiblemente en la empresa perteneciente a este grupo Chocolates ElGorriaga. Además, ha señalado la posibilidad de que el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas haya podido mediar en alguna de estas prejubilaciones".

Así, Soto se ha referido también a la empresa Dhul, donde "una de las prejubiladas ha sido presuntamente la esposa de Lanzas". Al hilo, la portavoz del PP-A ha añadido que el matrimonio "veraneaba gratis en el Hotel Cervantes de la localidad malagueña de Torremolinos, un hotel propiedad de Ruiz Mateos".

Así las cosas, la popular ha aseverado que a su formación "le da la impresión de que se está ocultando mucha información con respecto a este grupo", pues "existen sospechas con respecto a Nueva Rumasa que nos gustaría que se aclarasen por parte del presidente de la Junta".

De igual manera, el PP-A pedirá saber si es cierto que "se han saneado empresas en crisis para luego ser adquiridas por Nueva Rumasa a precios tan irrisorios como un euro" y si la Junta "daba ayudas a empresas del grupo sin ningún tipo de garantía". Así, Soto ha concluido diciendo que "lo que sabemos es que el sistema de ayudas a empresas está en sombra y queremos información acerca de él".