SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y secretario general del PP sevillano, Juan Bueno, ha avisado este viernes de que el último auto de la juez Mercedes Alaya, que dirige tres líneas de investigación sobre la anterior etapa de la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, pone de relieve que el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y, por tanto, la propia Junta de Andalucía "sabían del compromiso" supuestamente adoptado por la Administración autonómica para la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la compañía. Como es sabido, la Consejería de Empleo niega cualquier responsabilidad en la financiación del ERE acordado en 2007 por Mercasevilla.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa, tuvo un coste de 9.046.976,95 euros convertido en pasivo para la empresa al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, pese a que en la documentación la Junta figuraba como principal fuente de los pagos. A este ERE, de cualquier modo, se adhirieron aproximadamente 40 empleados que accedieron a la prejubilación, aunque al poco, sus rentas quedaron en el aire a cuenta del citado posicionamiento de la Consejería de Empleo.
La investigación del ERE de 2007, de hecho, está incluida en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central. Además, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla de Mercasevilla.
LA JUEZ Y LA FINANCIACIÓN DEL ERE DE 2007
En su último auto, la juez Mercedes Alaya señala al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, pues a su juicio, él "era conocedor" de que la financiación del plan de prejubilaciones de ambos ERE "sería asumida en su mayo parte" por la Junta de Andalucía. A tal efecto, Bueno ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el auto pone de manifiesto "clara y contundentemente", que "Rivas, y por tanto la Junta de Andalucía, sabían del compromiso de la Junta para con el pago de los ERE de Mercasevilla, algo absolutamente contrario a lo que contaba el consejero en sede parlamentaria". Y es que el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha defendido siempre que su departamento no tiene responsabilidades de pago en el expediente de regulación de empleo de 2007.
"Esto les pone en entredicho de nuevo", ha señalado en cuanto a la posición del Gobierno andaluz, toda vez que la instrucción del caso "nos acerca cada vez más a la teoría de la trama que decía el PP y que afecta a determinados dirigentes socialistas".
