Los populares rompen relaciones "institucionales" con PSOE e IU-CA y critican que Mercasa respaldase el acuerdo
SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo popular del Ayuntamiento hispalense promoverá por la vía civil un recurso contra el acuerdo adoptado en el seno de la junta general de accionistas de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Consistorio y Mercasa, para reducir de 23 a nueve los miembros de su consejo de administración con la desaparición de la representación que ostentaba dicha fuerza política, esgrimiendo para tal recurso el acuerdo plenario que, el 29 de junio de 1988, motivó la modificación de los estatutos de la empresa mediante la que accedieron a sus órganos de gobierno todas las fuerzas con representación en la Corporación municipal.
El portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, y el portavoz adjunto y hasta ayer consejero de la sociedad mixta, Beltrán Pérez, comparecieron hoy arropados por otros concejales del Grupo popular para informar de la reacción de los populares ante su "expulsión" de los órganos de gobierno de Mercasevilla. La empresa, como se recordará, está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número seis a cuenta de un presunto delito societario, el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público convocado para enajenar los suelos del mercado central.
Y es que ayer mismo, la junta general de accionistas de la sociedad mixta Mercasevilla acordó, con los votos favorables de los miembros de la directiva que representan al Ayuntamiento y de la sociedad estatal Mercasa, pero el voto contrario de la asociación de mayoristas de fruta como accionista minoritario, reducir de 23 a nueve los miembros del consejo de administración de la empresa, lo que ha supuesto la desaparición de la oposición del Consistorio hispalense de los órganos de gobierno de la compañía.
ELIMINAR "TESTIGOS"
Zoido advirtió de que la maniobra constituye "el mayor ataque a la democracia" vivido en el Ayuntamiento hispalense al ocultar un intento de suprimir los "testigos" de la gestión de la compañía, sometida a la mencionada investigación judicial y cuyas cuentas de 2009 arrojan pérdidas por valor de 4.123.666 euros. Todo ello, sin contar el pasivo de más de nueve millones de euros que pesa sobre la empresa, debido a la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 al desligarse la Consejería de Empleo del pago de las prestaciones acordadas.
En ese sentido, Zoido recordó que las tres líneas de investigación incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis en torno a la gestión de Mercasevilla son fruto de las acciones judiciales emprendidas por el PP después de que fuera relevado el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, por lo que la "expulsión" del PP de los órganos de gobierno de la sociedad mixta "se enmarca en los turbios asuntos que pesan sobre la empresa y las diligencias judiciales".
CON EL APOYO DE ZAPATERO
En ese punto, advirtió de que la decisión de reducir la composición del consejo de administración "no ha sido improvisada", pues además de ser promovida por PSOE e IU-CA como fuerzas que ostentan la Presidencia y Vicepresidencia de la empresa, ha contado con el "respaldo" de los "representantes" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en la sociedad mixta, en alusión a los miembros de la sociedad estatal Mercasa que toman parte en los órganos de gobierno de la compañía.
Dado el caso, y mientras el consejero delegado de la empresa, el concejal socialista Alfonso Mir, justifica esta decisión en la "despolitización" del consejo de administración y el ahorro de costes, Zoido y Beltrán Pérez anunciaron que este acuerdo de la junta general de accionistas será objeto de un "recurso por la vía civil" que, como medida cautelar, solicitará la "suspensión provisional" de dicho acuerdo.
A tal efecto, el PP esgrimirá el acuerdo alcanzado por el pleno del Ayuntamiento el 29 de junio de 1988, a instancias del Grupo de IU-CA, para instar a la junta general de accionistas de la empresa a modificar sus estatutos para dar cabida en sus órganos de gobierno a las fuerzas políticas del Ayuntamiento, accionista mayoritario de la sociedad mixta. Según Zoido, este recurso alegará un "abuso de derecho" con la consiguiente eliminación de la "representatividad y la proporcionalidad".
Además, anunció que los concejales del PP promoverán una "posible ruptura de relaciones institucionales" con los socios de gobierno del Ayuntamiento; PSOE e IU-CA, "siempre que no suponga un perjuicio" para los intereses generales, asegurando por último que, si el PP se hace con el Gobierno de la ciudad en las próximas elecciones generales, será "restituida" la representación de la oposición en las empresas municipales y organismos autónomos del Consistorio.
