SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP-A, personado como acusación popular en el caso de los cursos de formación, ha vuelto a solicitar al Juzgado que le haga entrega de una copia de las grabaciones de "todas" las declaraciones celebradas en la causa "a los efectos de poder preparar" su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla "contra el más que anunciado archivo" de la pieza 'política'.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A hace referencia a una información publicada por 'ABC' durante el pasado fin de semana en la que se asegura que la juez María Núñez Bolaños "está ultimando el archivo de las presentes diligencias" y reclama una copia de las grabaciones de las declaraciones efectuadas en la causa a fin de "poder preparar" su recurso ante la Audiencia Provincial.
Fuentes consultadas por Europa Press ya indicaron que la magistrada dictará próximamente un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.
En su día, la juez Mercedes Alaya --ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla-- aseguró en distintos autos que desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político", una idea que decae con el próximo archivo de la pieza 'política' de la causa.
La juez María Núñez archivará esta pieza de la causa de los cursos de formación después de haber tomado declaración al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández y a los interventores en las ocho provincias andaluzas.
En sus comparecencias como testigos, la mayoría de los interventores de la Junta de Andalucía han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.
EL EX INTERVENTOR GENERAL NO VE "MENOSCABO" ECONÓMICO
De su lado, el ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández compareció ante la magistrada y aseguró no haber observado ningún "menoscabo" económico en ninguno de los expedientes analizados, añadiendo que la función de la Intervención "no es detectar que exista un delito" y que "la mayor preocupación es que se debería revisar los expedientes para que no prescribiera".
El ex interventor general, que como licenciado en Derecho aseguró tener facultades para valorar "si los hechos son lícitos o no", puso de manifiesto que a su juicio "hay una dilación" y que eso "puede conllevar un riesgo, no que exista", precisando que su trabajo "es detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento" y queriendo dejar claro que "nunca esto ha supuesto un procedimiento penal".
De este modo, y según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ex interventor general señaló que "lleva trabajando desde el año 1985 y es la primera vez que ocurre esto".
Cabe recordar que, en la pieza del SAE de los cursos de formación, la juez María Núñez investiga a un total de 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
OPERACIÓN 'BARRADO'
También están imputados 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' desarrollada en marzo de 2015, entre ellos las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y María Teresa Florido, que es cuñada de Ángel Ojeda.
Entre los detenidos en la operación 'Barrado' que permanecen imputados también se encuentran el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez; el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes, y los exdelegados de Empleo en Sevilla Aurora Cosano y Antonio Rivas; en Jaén, Irene Sabalete; Almería, Francisca Pérez Laborda; Huelva, Eduardo Muñoz; Cádiz, Juan Bouza; Málaga, Juan Carlos Lomeña; Córdoba, Antonio Fernández, y Granada, Marina Martín Jiménez.
Asimismo, también están imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos hasta diez jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía.
