PP-A pide a Griñán y Aguilar que reduzcan las oficinas puestas en marcha en Vivienda en los últimos años

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Vivienda, Alicia Martínez, pidió hoy al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a la nueva consejera de Vivienda, Rosa Aguilar, que si su decisión de refundir las consejerías de Infraestructuras y Vivienda era para reducir gastos "que reduzca igualmente las oficinas puestas en marcha en estos años, que supondrá un ahorro importantísimo para los presupuestos andaluces".

En declaraciones a Europa Press, Martínez también exigió que se anule "la práctica de externalizar contratos, así como que confíe en la profesionalidad y preparación de los funcionarios de la Junta para hacer este trabajo".

En este sentido, y en relación al gasto que hizo la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) de 12,6 millones de euros en la externalización de tareas, como publicó hoy ABC, afirmó que "es un despilfarro del que viene haciendo uso la Junta" puesto que, "tras 25 años gobernando el PSOE, se ha creado en Andalucía un sector público sobredimensionado".

Así, la popular consideró que se ha creado una Administración "totalmente paralela, en perjuicio de funcionarios de la Junta y en perjuicio de los andaluces y ciudadanos que pagamos el doble por lo mismo, y que nos cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros".

"Los datos son escalofriantes" añadió, resaltando que EPSA es la cuarta empresa en volumen tras el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Agencia Andaluza del Agua, así como que en últimos presupuesto de Vivienda se redujo el presupuesto de la Consejería en su conjunto "si bien se incrementó hasta en 94 millones el presupuesto de esta empresa pública".

Con estos datos, Martínez resaltó que se pone de manifiesto "cómo el consejero de Vivienda anterior, Juan Espadas, pretendía adelgazar la administración de la propia Consejería en favor de EPSA, para tener las manos libres para hacer contrataciones directas o procedimientos negociados, entre otros".

En esta línea, pidió a la nueva titular del ramo que haga "un esfuerzo de austeridad y que reduzca todas las oficinas que la Consejería de Vivienda ha ido poniendo en marcha en estos años", las que contabilizó en ocho delegaciones de Vivienda, "que cuestan unos 32 millones de euros mantener", y 52 Oficinas Territoriales de Asesoramiento Urbanístico (OTAU), "que contrataron a más de 200 personas sin criterio y cuestan 10,5 millones a los andaluces".