TOCINA (SEVILLA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha opinado este sábado que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, para quien en la madrugada de este sábado la juez que investiga la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, "debería llevar ya algún tiempo en la cárcel", por lo que ha pedido a la Justicia "mayor celeridad" para que "en este tipo de casos los ciudadanos no tarden tanto en ver una respuesta".
Díaz ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una visita al municipio sevillano de Tocina enmarcada en la campaña electoral de los comicios autonómicos del 25 de marzo. Allí, la candidata 'número dos' del PSOE-A al Parlamento andaluz por Sevilla ha reiterado su convencimiento de que Guerrero "debería haber ingresado en prisión hace ya más tiempo".
Así, y tras señalar que Guerrero "lleva imputado un año", ha pedido a la Justicia "mayor celeridad" para este tipo de casos, con el objetivo de que "los ciudadanos no tarden tanto en ver una respuesta".
En cualquier caso, ha remarcado que "lo que está claro" en este asunto es que el PP --al que se ha referido primero como "Partido Judicial"-- "no le va a marcar la campaña" a los socialistas, porque, ha subrayado, "ha sido la Junta de Andalucía la que ha pedido el ingreso en prisión de Guerrero".
Como se recordará la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Guerrero al entender que existe riesgo de fuga.
La magistrada ha adoptado esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.
Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público, que ha pedido además que Guerrero pague una fianza, en concepto de responsabilidad civil, de 933 millones de euros, mientras que todos los abogados de las defensas se han opuesto a la petición de prisión y el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha defendido que no existe riesgo de fuga y que, en el momento actual, "ya no se pueden destruir documentos".
