PSOE e IU escenifican en el Parlamento un acuerdo sobre 42 medidas frente a la crisis, con 20 apoyadas por PP

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE e IULV-CA escenificaron hoy en el Parlamento andaluz, durante la votación de las propuestas de resolución planteadas en el debate general sobre la situación económica, un acuerdo sobre la adopción de un conjunto de 42 medidas para hacer frente a la crisis económica, de las que una veintena fueron apoyadas por el PP. De esas 42 medidas, 17 salieron adelante por unanimidad, mientras que no se aprobó ninguna de las 35 propuestas planteadas por el grupo popular.

Los grupos plantearon un total de 96 propuestas de resolución (26 de PSOE --que se aprobaron todas--, 35 de PP y 35 de IULV-CA. PSOE e IULV-CA coincidieron en la redacción de más de una veintena propuestas (con alguna variación, en algunas de ellas, al incluir Izquierda Unida cifras económicas que no aparecen en las socialistas), en virtud del acuerdo que alcanzaron con la Consejería de Economía y Hacienda sobre 41 medidas frente a la crisis.

De las 35 propuestas de IULV-CA, el grupo socialista apoyó 20, mientras que de las 26 del PSOE, la federación de izquierdas respaldó 22. Todas las propuestas socialistas fueron aprobadas, con lo que el total de aprobadas por el pleno se elevó a 46.

El PP, que en su día no se sumó a ese acuerdo entre PSOE e IULV-CA sobre las medidas planteadas por Economía, apoyó durante el debate general un total de nueve propuestas socialistas y once de la federación de izquierdas, que, salvo tres de ellas, todas las propuestas eran coincidentes entre ambas formaciones. Mientras que el PSOE rechazó todas las propuestas de resolución del grupo popular, IULV-CA le apoyó diez.

Entre las más de 20 propuestas coincidentes que plantearon PSOE e Izquierda Unida, se encuentran que la Junta continúe agilizando la autorización y licitación de obra pública a través del presupuesto de la comunidad; apoyando la actividad productiva, o adoptando medidas que incidan en la mejora de la liquidez de las empresas; las encaminadas a facilitar la traslación de los recursos financieros a la actividad productiva, y las tendentes a facilitar financiación de las pymes y familias andaluzas.

También se incluyen que la Junta ponga en marcha un programa que avance en la profesionalización de la atención a la dependencia mediante la formación y cualificación, que podría movilizar un mínimo de 30 millones en 2009 y 2010; que elabore un mapa autonómico de empleabilidad, o que adopte medidas encaminadas a paliar los efectos que la situación de desempleo pueda generar en las hipotecas de las familias andaluzas.

Ambas formaciones también propusieron que la Junta elabore un proyecto de reforma de la Formación Profesional (a través de un nuevo plan de FP y la puesta en marcha de centros integrados de formación profesional); un proyecto de Ley para la inclusión social, y la presentación en la Cámara en este año de las leyes de régimen local y de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad.

El tema de la nueva financiación autonómica también fue objeto de coincidencia, al plantear ambas formaciones que la Junta defienda los pronunciamientos de la Cámara, en el sentido de que la reforma del sistema sea consensuada de forma multilateral; que se base en los principios establecidos en el título IV del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades atiendan fundamentalmente a la población.

En cuanto a las propuestas de resolución del PP, planteó, como ya propuso el presidente del partido, Javier Arenas, al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, que el Gobierno acometiera un total de quince reformas: educativa, de la administración, fiscal, de las políticas activas de empleo, para acelerar el ingreso de Andalucía en la sociedad del conocimiento, de la política industrial, del sistema de financiación autonómica, de la justicia, en materia de urbanismo y vivienda, para impulsar la inversión pública, de la política presupuestaria, de la formación profesional, de conciliación de la vida laboral y familiar, de las políticas de agua y del sector público empresarial andaluz.

De igual manera, el PP propuso que la Junta elaborara un Plan de reorganización del sector público empresarial andaluz y un Plan de austeridad de la administración andaluza (reducir a diez las consejerías y en un 50 por ciento los cargos de la administración y delegados provinciales de las consejerías).

También planteó instar a la Junta a elaborar un Código de Buenas prácticas del Gobierno y a alcanzar un gran pacto por el empleo que involucrara a todos los ámbitos productivos e institucionales de la comunidad: al Gobierno, a los partidos, a los agentes económicos y sociales, y a las corporaciones locales. Además, el grupo popular pidió instar al Gobierno central a elaborar un Plan integral de empleo para la comunidad autónoma, como ha ocurrido en otras regiones, y demandó a la Junta un Plan de choque para erradicar las "grandes bolsas de asuntos pendientes" en los juzgados y para crear 1.200 plazas de personal.

Asimismo, el PP planteó como propuesta de resolución su demanda de que el Gobierno andaluz rechace cualquier pago que no sea en metálico de la 'deuda histórica'.