Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Actualizado: miércoles, 12 enero 2011 14:39

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado al presidente del PP-A, Javier Arenas, que diga clara y abiertamente si su formación está por el desarrollo de una campaña para las elecciones municipales "limpia" y que no sea vea alterada en su normal desarrollo o si, por el contrario, respalda la estrategia de esos "pseudiorepresentantes fascistas" de funcionarios y empleados públicos que abogan por poner "violencia" al proceso.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha expresado en rueda de prensa su preocupación por que pueda existir una "coincidencia" en los análisis sobre cómo se va a desarrollar la campaña entre el PP-A y los representantes "fascistas" de determinados sindicatos. En este sentido, ha calificado de "muy peligroso e intolerable" que la portavoz del PP-A, Rosario Soto, anticipara el lunes "una campaña violenta para el PSOE", ya que textualmente manifestó, en referencia a la reordenación del sector público, que si el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "pretende aplazar todo para tener una campaña electoral tranquila, no lo va a conseguir porque genera malestar".

Para el dirigente socialista, el PP-A está en una "actitud soberbia y avasalladora y en el paseo militar", y ha insistido en que tiene que haber una aclaración de ese partido en el sentido de que no desea que se altere el normal funcionamiento de la campaña de las municipales. Al mismo tiempo, ha confiado en que finalmente haya una rectificación de esos "pseudorepresentantes" de los funcionarios que apuestan por "violentar" el desarrollo de la campaña electoral.

En cualquier caso, Mario Jiménez ha querido dejar claro que los socialistas no van a modificar ni un milímetro su estrategia, programación y organización de la campaña de las municipales. "Hasta ahí podríamos llegar, a que cuatro fascistas pudieran condicionar la campaña del PSOE", ha expresado el portavoz socialista.

Asimismo, ha indicado que llama la atención que ninguno de esos "agoreros insultadores que han amenazado con violentar la campaña haya planteado el ejercicio del derecho a la huelga".

"No vamos a tolerar que actitudes fascistas se pongan en marcha en Andalucía", ha sentenciado Jiménez, quien ha expresado su preocupación por que algunos pretendan hacer otro tipo de presiones que no tienen nada que ver con ejercer el derecho a la huelga en horario laboral, además de buscar "violentar" la campaña electoral.

Durante la comparecencia durante este martes en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de agentes sociales para opinar sobre el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz, según Mario Jiménez, se constató claramente quiénes están por el diálogo y por aportar y quienes no.

A su juicio, UGT, CC.OO, Facua, UCE y CAVA dieron una muestra de responsabilidad y seriedad planteando los cambios que entienden que deben hacerse en el proyecto de ley. En cambio, según Jiménez, no se entienden las actitudes cerradas e inamovibles de otros sindicatos que "dicen no de partida a todo y no pretenden que se avance en el acuerdo y la concertación".

PUERTAS ABIERTAS

"No se sabe en el fondo si defienden derechos o privilegios o si están con el interés general o con algún tipo de privilegio profesional", según ha insistido el dirigente socialista, quien, no obstante, ha querido dejar claro que el PSOE-A tiene sus puertas abiertas a recoger aportaciones de sindicatos como CSIF o Ustea, y que apuesta claramente por el acuerdo con los demás partidos, pero sin "payasadas ni ridículos".

A este respecto, ha calificado de una "tomadura de pelo" que Arenas haya manifestado que está dispuesto a retirar el recurso de su partido ante el Tribunal Constitucional contra un decreto de reordenación del sector público que no está en vigor. Lo que debe hacer el dirigente popular, según Jiménez, es presentar su proyecto para el sector público y decir con claridad si lo que quiere es "echar a la calle a 25.000 trabajadores públicos".

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