PSOE-A reclama que el Gobierno no incluya la prostitución en la contabilización de la riqueza del país

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central que no aplique las recomendaciones de la Unión Europea sobre la inclusión de actividades ilegales (producción y tráfico de drogas, prostitución y contrabando) en el cálculo del PIB a los efectos de su contabilización como riqueza del país.

En la iniciativa, que ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, se pide también que la Cámara manifieste su rechazo a la violación de los derechos humanos que sufren las mujeres que ejercen la prostitución, prohibida de forma explícita por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y se muestre a favor de aquellas actuaciones políticas, económicas y sociales destinadas a la protección de las víctimas de la explotación y trata sexual.

Jiménez ha mostrado su preocupación por que la Unión Europea exija a los estados miembros que incluyan las actividades ilegales (producción y tráfico de drogas, prostitución y contrabando) en el sistema de cálculo del PIB.

Se trata, según el PSOE-A, de unos cambios que entrarían en vigor a partir del próximo mes de septiembre y los presupuestos para el próximo año se elaborarán con las nuevas cifras. Para ello, todos los países de la Unión deberán seguir los mismos pasos contables y estadísticos.

A juicio de Jiménez, el objetivo de esta medida "de maquillaje va orientado a mejorar los datos económicos en la cuantificación del PIB de los países miembros de la Unión Europea para disimular la enorme deuda que algunos arrastran, como es el caso de España".

Ha recalcado que el Producto Interior Bruto de un país no debe contabilizar como riqueza "la violación de los derechos humanos, como es el caso de la prostitución, que cabe recordar es ejercida en la inmensa mayoría de los casos de manera forzada y en condiciones de esclavitud".

Ha apuntando que el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo amenazas y coacciones, y muchas de ellas son menores de edad, por lo que no se puede legalizar una actividad económica basada en relaciones de absoluta desigualdad.