El PSOE de San Juan pide en el pleno una "rectificación pública" ante el archivo del caso de la moneda 'Ossetana'

SAN JUAN DE AZNALFARCHE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Durante el último pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia; el Grupo socialista ha solicitado a la alcaldesa "una rectificación pública" respecto al programa municipal de la moneda social 'Ossetana', después de que la Audiencia haya desestimado los recursos de apelación del PP y de Vox, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla de archivar la investigación derivada de las denuncias de ambos partidos contra la anterior gestión socialista de dicho instrumento de asistencia social.

Durante el turno de ruegos y preguntas, la edil socialista y secretaria general del PSOE de San Juan, Inmaculada Muñoz, ha señalado que con la decisión de la Audiencia de confirmar el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, la Justicia ha resuelto de manera "clara" el asunto, derivado según ha alertado de una "denuncia penal infundada, amplificada en los medios de comunicación y usada como arma política para desgastar" al anterior gobierno local del socialista Fernando Zamora, "sin una sola prueba de delito".

En ese sentido, la edil ha remarcado que los miembros del anterior Gobierno local socialista investigados en la causa judicial ya archivada y fruto de las denuncias del PP y de Vox han sido "víctimas de una acusación temeraria", lo que le ha llevado a señalar el "precio humano y personal" afrontado por estas personas, en forma de "titulares injustos y miradas de sospecha".

"LIMPIAR EL NOMBRE DE QUIENES HAN SIDO FALSAMENTE ACUSADOS"

"La política no puede seguir siendo un campo de minas donde todo vale", ha dicho la concejala socialista, reclamando en el pleno a la alcaldesa "una rectificación pública, una disculpa". Ello, para "limpiar el nombre de quienes han sido falsamente acusados", según ha destacado la representante del PSOE, grupo municipal que recientemente denunciaba ante la Fiscalía el expediente de la contratación por el actual Gobierno local en agosto de 2023 de la mpresa PreZero para la recogida de residuos y la limpieza viaria.

A mediados de mayo, así, la Audiencia confirmaba íntegramente el auto emitido en febrero por el Juzgado de Instrucción número 14 para el sobreseimiento de las actuaciones sobre la gestión de la moneda social 'Ossetana', en el que exponía que tras analizar el caso, no se aprecia finalmente "irregularidades o actuaciones irregulares respecto de los denunciados, que puedan encuadrarse como constitutivas de infracción penal".

LOS TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS

Para ello, ha pesado según el juzgado instructor del caso "la declaración de la secretaria general del Ayuntamiento desde 2019, que afirmó que su actuación" sobre el convenio firmado por el Ayuntamiento cuando estaba gobernado por el PSOE, con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión del programa municipal de la moneda social 'Ossetana'; "era una advertencia hacia el futuro, pero que hasta el momento las subvenciones eran conforme a derecho, afirmando igualmente por otros declarantes, fundamentalmente por el interventor desde diciembre de 2018 a junio de 2020 en el Ayuntamiento, que la subvención cumplía los requisitos básicos para su validez, aunque su regulación fuera mejorable".

"Las posibles deficiencias jurídicas que podía tener su tramitación o ejecución, como se ha afirmado por el interventor y por la secretaria, no suponen inobservancia de los tramites del procedimiento e igualmente ha quedado acreditado que se trataba de una subvención normativa, y que por tanto, como se ha afirmado por los técnicos denunciados y testigos del procedimiento, no estaba sujeta a los principios de concurrencia e igualdad, y que respecto a lo que ya se ha indicado de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, pueda encontrarse con una mera irregularidad respecto de que pueda ser al mismo tiempo colaboradora y beneficiaria, pero esa irregularidad no afectaba para nada a los intereses generales del Ayuntamiento y de la población", explicaba el juzgado en su auto de febrero de archivo de la causa, ratificado por la Audiencia.