Puerto de Cuba alegará contra las medidas del Ayuntamiento y conecta la sanción con el conflicto con Río Grande

Publicado 23/07/2019 20:40:01CET
Terraza Puerto de Cuba
Terraza Puerto de CubaEUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras anunciar el Ayuntamiento de Sevilla que ha ordenado la clausura de la terraza Puerto de Cuba, proponiendo además una sanción de 4.001 euros contra la empresa gestora del negocio, al no estar la actividad "legalizada bajo ningún procedimiento administrativo" y carecer de suministro eléctrico autorizado, abastecimiento de agua potable o limitador acústico, entre otros aspectos, la sociedad gestora del recinto ha defendido que en la fase de alegaciones aportará "argumentos y pruebas para desacreditar los hechos imputados", atribuyendo los mismos a las acciones de los nuevos propietarios del restaurante Río Grande "en su descarado afán de impedir la explotación de las instalaciones" de la terraza.

En un comunicado, la empresa precisa que aún no ha recibido ninguna notificación sobre dichas decisiones del Ayuntamiento, considerando que las medidas anunciadas supondrían "el inicio de un procedimiento sancionador, pero nunca una sanción firme", toda vez que según el Consistorio, la citada sociedad contará con un plazo de 15 días para alegar una vez reciba la resolución municipal, mientras la orden de clausura "podrá realizarse mediante ejecución forzosa, tras su notificación a la Policía Local, si la empresa no la lleva a cabo de forma voluntaria".

Al respecto, recuerda la empresa que dentro del mencionado procedimiento sancionador, contará con el "preceptivo trámite de audiencia", en el que según asegura aportará "argumentos y pruebas más que suficientes para desacreditar los hechos eventualmente imputados".

Además, defiende la empresa que tanto la sanción económica como la orden de clausura "no tendrían virtualidad sino hasta que culminase el referido procedimiento sancionador y lo hiciese, además, con las referidas consecuencias", toda vez que el Consistorio manifestaba en su comunicado que dicha orden de clausura "podrá realizarse mediante ejecución forzosa, tras su notificación a la Policía Local, si la empresa no la lleva a cabo de forma voluntaria". La medida de clausura, eso sí, se ceñiría al periodo comprendido hasta la legalización de la actividad y la resolución de las incidencias detectadas, según concretaba el Ayuntamiento.

EL CONFLICTO CON RÍO GRANDE

La empresa, además, defiende que explota la terraza Puerto de Cuba desde 2005, pero "fue despojada violentamente de la posesión de la misma en octubre de 2017 y ha logrado que tanto la antigua propietaria de Río Grande como la nueva propietaria hayan resultado judicialmente condenadas a devolver esa posesión, lo que se negaron a llevar a cabo pacífica y voluntariamente, obligando con ello a que, vergonzosa y lamentablemente, la devolución se hubiese de producir de manera forzosa, con intervención judicial, mediante rotura de candados y cerraduras y ante la presencia de las fuerzas de orden público".

"Desde entonces, los nuevos propietarios de Río Grande no hacen más que obstaculizar la pacífica posesión de las instalaciones que legítimamente titula Puerto de Cuba en Liébana S.L., hasta el punto de que, como consecuencia de ello, se encuentran actualmente inmersos en procesos penales por coacciones y desobediencia judicial", agrega la empresa, atribuyendo el expediente sancionador promovido por el Ayuntamiento a las acciones de los nuevos propietarios del restaurante Río Grande "en su infructuoso y descarado afán de impedir la explotación de las instalaciones" de la terraza "a pesar del claro mandato judicial en contrario, en una nueva muestra de obstaculizar la pacífica posesión de las instalaciones que le ha sido judicialmente reconocida".

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