El Puerto recuerda que los contratos del barrio de Astilleros corresponden a la extinta sociedad nanval

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha recordado este miércoles que los contratos de alquiler de renta antigua que rigen sobre las siete viviendas aún habitadas del barrio de Astilleros, creado en la Punta del Verde hace décadas para albergar a las familias de los retenes de emergencia de la industria naval, fueron promovidos y suscritos por la extinta compañía Astilleros Españoles S.A., señalando asimismo la "ilegalidad" que rodea a estos inmuebles según la Ley de Puertos.

Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha señalado a Europa Press que las inquilinas de renta antigua que aún habitan el antiguo barrio de Astilleros, creado por dicha compañía en suelos de la Autoridad Portuaria gracias a una concesión administrativa ya dada por caducada, firmaron sus contratos de alquiler precisamente con Astilleros Españoles S.A. y no con el Puerto, que promueve el desahucio de estas personas como titular de los terrenos. A tal efecto, la Autoridad Portuaria insistió en la condición de "ilegalidad" que rodea a estas viviendas.

EL BARRIO DE ASTILLEROS

Según el propio Jorge Mora, estas siete viviendas proceden de las barriadas creadas a finales de los años 40 y principios de la siguiente década por la empresa nacional Elcano, propietaria entonces de los astilleros de Sevilla. La barriada de Punta del Verde, en concreto, nació en suelos actualmente adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval.

Después de que en 2005 la antigua sociedad naval Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entrase en liquidación para transformarse en Navantia con la venta de los astilleros de Sevilla a la iniciativa privada, un liquidador contratado a tal efecto comenzó en 2007 a negociar con los habitantes del barrio de Astilleros, en la Punta del Verde, la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización de 60.000 euros.

No obstante, seis ancianas y una mujer de unos 60 años, todas ellas viudas de trabajados de la industria naval, no se acogieron a esta oferta y, mientras en junio de 2009 Astilleros Españoles S.A. liquidaba los contratos de alquiler cuyos titulares se habían acogido al acuerdo, estas siete inquilinas afrontan actualmente un desahucio administrativo promovido por la Autoridad Portuaria como propietaria de los suelos. La sociedad naval y la institución que preside Manuel Fernández, en ese sentido, dieron anteriormente extinta "por caducidad" la concesión administrativa relativa a estos terrenos.