SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plaza Nueva será este viernes por la mañana el escenario de la instalación de un Punto de Información a la Mujer (PIM) "simulado", en el que trabajadores de este programa municipal cerrado desde el 31 de diciembre, atenderán a las usuarias en un gesto promovido para demandar la reanudación de dicho programa, según ha informado a Europa Press Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Ayuntamiento.
El cierre de estos dispositivos devino después de que la concejal de Familia y Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, criticase que la Junta de Andalucía hubiese "denegado" al Consistorio, principal pilar de ese servicio al aportar más de 900.000 euros por edición, una subvención excepcional para continuar con el servicio, asegurando que estos dispositivos corrían peligro a cuenta de este extremo.
La Junta, de su lado, defendía que el Ayuntamiento había solicitado "una subvención de 235.000 euros, casi el triple de lo solicitado en años anteriores", señalando que las ayudas anuales de la Junta para este servicio oscilan los 90.000 euros en el caso del Ayuntamiento de Sevilla. El asunto, de hecho, fue tratado en una reunión celebrada entre la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate, y la concejal Dolores de Pablo-Blanco, abordando ambas partes los "cauces administrativos adecuados" para resolver el asunto, si bien lo cierto es que el pasado 31 de diciembre expiraron los contratos de trabajo de los 25 trabajadores de este servicio.
Finalmente, el 16 de enero la junta de gobierno del Ayuntamiento aceptó la subvención nominativa de 90.000 euros concedida al respecto por la Junta de Andalucía, anunciando que comenzaba inmediatamente a trabajar en el correspondiente expediente de generación del crédito y el de nombramiento del personal, para reanudar lo antes posible el programa.
Pero según Manuel Loza, la reanudación del programa estaría bloqueada por aspectos jurídicos, dado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promulgada por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy, sólo reconoce como competencias propias de los ayuntamientos, en materia de mujer, las de la lucha contra la violencia de género, aspecto que habría motivado que los expedientes relativos a la reanudación del programa cuenten con un reparo de la Intervención General y un informe contrario del área de Recursos Humanos.
