La juez del caso ERE le imputa seis delitos y lo sitúa como el ideólogo del sistema de ayudas irregulares
SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha defendido este viernes que el sistema que regulaba la concesión de las ayudas "es y sigue siendo legal", y ha asegurado que el Consejo de Gobierno tenía conocimiento del mismo.
Fernández ha llegado a los juzgados a las 10,25 horas acompañado por su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, y a preguntas de los medios de comunicación que le aguardaban ha dicho que se encuentra "muy bien" y ha anunciado que iba a responder a todas las preguntas de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que ha preparado un interrogatorio compuesto por unas 200 preguntas. Finalmente, y tras una comparecencia que ha finalizado a las 23,00 tras diez horas y media de declaración, sólo ha dado tiempo a que conteste a 60 de las cuestiones de la instructora.
La comparecencia, a la que han asistido una treintena de abogados personados en la causa, ha comenzado finalmente a las 11,00 horas, cuando la juez le ha leído, por espacio de 90 minutos, los hechos que le imputa y le ha atribuido cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario --tráfico de influencias--, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
De este modo, la juez considera que el imputado, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, "fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público", así como que "favoreció claramente a su ciudad, Jerez de la Frontera, frente a otras"; que "demostró una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia y sin autorización" y que "autorizó un ERE para beneficiarse" a sí mismo, en referencia al de González Byass.
Así, la magistrada ha asegurado que el imputado era conocedor de que las ayudas investigadas se daban de manera "irregular", todo ello "con independencia del uso ilícito que se le dieran posteriormente", como la compra de cocaína, abundando en que fue "autor", junto a otras personas y asesores externos, del convenio marco suscrito en 2001, cuando era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, que permitió materializar estas ayudas irregulares, convenio y procedimiento que la juez ha definido como "sistema operativo".
Además, la juez --que incluso ha cuestionado al imputado sobre el si el actual presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, asesoró en la elaboración del convenio, a lo que ha contestado que no--, ha dicho que las ayudas concedidas a través de este convenio "eran nulas de pleno derecho" por infracción del artículo 39 de la Ley General de Hacienda Pública andaluza, ya que no contaban con asignación presupuestaria, según abogados personados en el procedimiento.
Tras indicar que el exconsejero habría incumplido la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, le ha imputado que su relación laboral con González Byass "estaba extinguida" cuando fue incluido en una póliza de prejubilaciones, a cuyo cobro renunció, según la juez, una vez tuvo conocimiento de la investigación judicial.
GRIÑÁN, CHAVES Y EL CONSEJO CONOCÍAN LA "OPERATIVA" DEL SISTEMA
Pues bien, el exconsejero del ramo ha defendido que el convenio-marco suscrito en 2001 para regular la concesión de las ayudas "es y sigue siendo legal", y a preguntas de la magistrada sobre si Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto del Consejo de Gobierno conocían la "operativa" del sistema, ha contestado que "sí", ya que, como ha subrayado, "no había nada ilegal".
Al hilo de ello, Fernández ha asegurado a la magistrada que se enteró de los reparos que planteó la Intervención General de la Junta porque así se lo trasladó el entonces viceconsejero, Agustín Barberá, pero ha señalado que a pesar de esos reparos consideró que el sistema era "correcto" y continuó aplicándolo, punto en el que ha aseverado que, de haber conocido nuevos reparos en años posteriores, habría seguido aplicando el convenio porque está convencido de que "es legal".
Tras señalar que no solicitó el asesoramiento del gabinete jurídico de la Junta para redactar el convenio, el exconsejero de Empleo ha puesto de manifiesto que el Consejo de Gobierno conocía el sistema ya que, inmediatamente después de ser aprobado, se aprobó una modificación presupuestaria de 13.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, de 78 millones de euros. Ha defendido, además, que el nuevo sistema de transferencia de financiación al IFA permitía "una mayor globalidad y era más operativo para los objetivos del Gobierno" de cara a "ayudar a trabajadores, empresas en crisis y los territorios de Andalucía".
SIN AFILIACIÓN AL PSOE
Fernández, que ha indicado que, a día de hoy, no está afiliado al PSOE ya que lleva tres meses sin abonar las cuotas correspondientes, ha reconocido asimismo la existencia de un "vacío reglamentario" en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas, explicando que, para tener acceso a estas ayudas, había que cumplir una serie de "requisitos de hecho", que en el caso de las ayudas sociolaborales eran "el nivel de paro del territorio, nombre y apellidos y tener 55 años".
No obstante, la juez instructora le ha interrumpido diciendo que la mayoría de los trabajadores incluidos en los expedientes de regulación de empleo tenían 52 años, a lo que Fernández ha contestado que "eso lo desconocía". De su lado, y según ha precisado Antonio Fernández, las ayudas directas a empresas precisaban de una solicitud donde se incluyera "nombre y apellidos y zona de residencia".
Ha añadido que las ayudas "eran discrecionales pero no arbitrarias", pues aunque "no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social", asegurando que las ayudas sociolaborales no iban destinadas a empresas, sino a trabajadores. De igual modo, el exconsejero de Empleo ha reconocido que las ayudas "no se fiscalizaban" una por una, sino que se realizaba un control 'a posteriori'.
Al término de su comparecencia, que se reanudará este sábado a las 10,00 horas, el exconsejero ha dicho encontrarse "muy cómodo" porque "creo que he dicho la verdad", anunciando que tiene previsto contestar a todas las preguntas que le sean formuladas, tanto por la juez como por la Fiscalía, su defensa y el resto de acusaciones, incluida la ejercida por el PP.
