SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) prevé celebrar este jueves una reunión con el actual delegado territorial de las consejerías de Cultura y Turismo y Deporte en Sevilla, José Manuel Girela, al objeto de tratar entre otros asuntos el expolio de dos azulejos del siglo XVI en el monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, fundado en 1301 en Santiponce por Guzmán el Bueno y declarado bien de interés cultural (BIC).
Joaquín Egea, portavoz de Adepa, ha manifestado a Europa Press que aunque se trata de una reunión "de presentación" al ser el primer encuentro entre las partes, el colectivo conservacionista no va a desaprovechar la ocasión de exponer su postura ante aspectos de reciente controversia, como es el caso del expolio descubierto en el monasterio fortificado de San Isidoro del Campo. El propio Egea, tras conocer el asunto, opinaba que el expolio era consecuencia de la "dejadez" del Gobierno andaluz en materia de cultura, porque "no hay una política real de protección del patrimonio histórico".
"Esto es tercermundista. Algo así, en un país civilizado, obligaría a una dimisión", señalaba Egea en cuanto a la sustracción de estos dos azulejos del siglo XVI, obra del ceramista Niculoso Pisano, que ornaban una de las paredes del majestuoso Claustro de los Muertos del mencionado monasterio, junto a la capilla del Cristo de Torrijos. Los azulejos, de aproximadamente un metro cuadrado cada uno, tenían obviamente valor histórico y artístico.
Los representantes de Adepa también prevén mencionar al delegado la controversia relativa al proyecto pergeñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para restaurar las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), y transformarlas en un centro cultural.
El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.
Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.