SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de las 38 familias del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ubicado en Camas y desalojado desde el pasado 10 de octubre, celebran este jueves una reunión con el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Juan Carlos Raffo, después de la movilización celebrada por este colectivo y la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Colina, por los problemas que sufren ambos edificios al haber sido levantados sobre arcillas expansivas.
Rafael Placita, presidente de la intercomunidad de propietarios del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ha informado a Europa Press de que la reunión se celebrará a las 10,30 horas en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, en la céntrica plaza de la Contratación. En el caso de la AMPA, su reunión se celebrará la próxima semana al objeto de que pueda asistir el delegado territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Díaz Morillo.
El desalojo del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya aconteció el 10 de octubre en Camas. En 2008, el bloque número dos del residencial Jardín Atalaya ya fue desalojado como consecuencia de las grietas y deficiencias que presentaba el edificio al haber sido levantado en una zona de arcillas expansivas, allá por los años 70.
Esta vez, en el marco de una reforma que uno de los vecinos del bloque número uno realizaba en su vivienda, ubicada en la planta baja del edificio, fueron detectadas anomalías que motivaron que la comunidad de propietarios contratase a un arquitecto para que supervisase el estado de la construcción. Este arquitecto, a través de unas catas, habría descubierto que uno de los pilares del edificio está "bastante afectado" por los efectos de su construcción sobre arcillas expansivas, con lo que los bomberos y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Camas determinaron el "desalojo preventivo" de este edificio, en el que residían 38 familias.
SIN AYUDAS
Tras una serie de reuniones entre los afectados, el Ayuntamiento de Camas y la Delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, habría quedado de relieve que las familias no pueden solicitar ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas, pues no habría abierta ahora mismo ninguna línea de subvenciones en ese sentido y el conjunto de familias, además, cuenta con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aspecto que les excluiría del acceso a ayudas de esta naturaleza. En concreto, fuentes de la Administración autonómica han precisado a Europa Press que 24 de las 38 familias superarían dicho límite.
Desde entonces y hasta ahora, como ha explicado a Europa Press Guillermo Alfaro, portavoz del PA en Camas, "el edificio sigue clausurado y las familias desalojadas, residiendo en casas de familiares o viviendo de alquiler, con lo que afrontan en solitario el pago de los hipotecas de las viviendas clausuradas, los alquileres provisionales y la obra de reforma del edificio", cuyo coste podría superar los 300.000 euros.
Según Guillermo Alfaro, algunas de las familias afectadas incluso se han "agrupado" a la hora de buscar y habitar una vivienda de alquiler, al objeto de reducir los gastos corrientes que por duplicado afrontan estas familias.
