SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha advertido este lunes de que "todo hace sospechar que la Policía llego demasiado lejos, según los intereses del PSOE", en la investigación sobre el caso de Iván Chaves, hijo del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, "y que no interesaba que se fuera más allá", lo que, en su opinión, pudo derivar en el cese de un mando policial de la UDYCO encargado de este caso, "un cese político en la Policía".
En rueda de prensa, Sanz ha considerado que un cese de este tipo solo puede ocurrir "en una dictadura y en una república bananera". "El PP no solo tiene sospechas, sino que, por los datos que se tienen, cada día parece más evidente que hubo un cese político", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha anunciado que su formación demandará responsabilidades políticas ante este hecho.
Tras pedir que no se paralice la investigación sobre este caso, sino que se reabra "desde el punto de vista político y jurídico", el secretario general del PP-A ha anunciado que su formación va a pedir explicaciones al Ministerio de Interior para saber el motivo que ha llevado a "frenar" esta investigación. Y es que, en su opinión, sería "muy grave" que pudiera conectarse el cese de un jefe policial con un asunto que afecta a la familia Chaves.
DEMANDA UNA EXPLICACIÓN "URGENTE" A LA JUNTA
El 'número dos' del PP andaluz ha anunciado también que su formación va a exigir en el Parlamento una explicación "urgente" al Gobierno andaluz sobre la posibilidad de que Iván Chaves, "no solo haya actuado como comisionista o intermediario de determinadas empresas con la Administración andaluza, sino que pudiera haber sobrepasado este papel al haber sido socio de algunas de las empresas que se relacionaban con la Junta".
Sanz ha considerado que el Gobierno andaluz está obligado "a salir de su silencio" sobre este asunto y ha apuntado a la necesidad de que "se destape de una vez toda la verdad". A su juicio, de caso se podría derivar responsabilidades jurídicas "por un presunto tráfico de influencias, fraude en las subvenciones y estafa", lo que conllevaría "graves repercusiones" desde el punto de vista político y jurídico.