SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), IZAR Construcciones Navales S.A., actualmente en liquidación y las federaciones del metal de CCOO y UGT acordaron hoy los criterios de aplicación de las garantías laborales establecidas en el acuerdo del 2 de noviembre de 2006 en cuanto a los empleados de la extinta empresa naval transferidos a las empresas adquirientes de los activos en los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla.
En concreto, según informó la SEPI, hoy se han aprobado los criterios de carácter general y específicos aplicables a todas las modalidades de la garantía para los trabajadores amparados por el mencionado acuerdo, con efectos "en el caso de que se produjera una eventual crisis en el proyecto industrial aportado por los compradores".
Las soluciones se han orientado "a la búsqueda de un nuevo empleo en la misma zona del astillero, fuera de la misma o en algún centro de Navantia", la sociedad resultante de la disolución de Izar y la centralización del negocio en la industria naval militar.
Los mayores de 52 años podrán acceder a un plan de rentas en los mismos términos que el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2004, cuando tuvo lugar la reestructuración de IZAR. Por último, para el supuesto de que no sean de aplicación las anteriores garantías, se han acordado las cuantías de las indemnizaciones en base a la antigüedad de los trabajadores.
Estos criterios se aplicarán, por primera vez, a los trabajadores de astillero de Juliana, al darse las circunstancias previstas para la aplicación del citado acuerdo del 2 de noviembre de 2006.
La Comisión de Seguimiento etre SEPI/IZAR y los representantes de las federaciones de CCOO y UGT ha mantenido diversas reuniones desde el pasado 3 de junio, una vez que el propietario del astillero de Juliana presentó la solicitud de concurso de acreedores, el día 29 de mayo último.
El acuerdo suscrito ahora se inscribe en el acuerdo marco sobre la reestructuración de IZAR, firmado el 16 de diciembre de 2004 por SEPI, IZAR y los sindicatos representados en la empresa CCOO, UGT y USTG, en el que se contempla un proceso de venta de los activos, respetando el marco comunitario.
