9 de abril de 2020
 
Actualizado 06/06/2008 12:43:32 +00:00 CET

Sevilla.-Asamblea por el uso del espacio público reparte folletos contra la videovigilancia y hace un 'mapeo' de cámaras

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asamblea por el libre uso del espacio público 'La calle es de todos' inició en el día de ayer su campaña contra el proyecto de implantación de cámaras de videovigilancia en seis centros comerciales abiertos y los polígonos industriales de la ciudad, con el reparto de folletos reivindicativos y la realización de un 'mapeo' para evidenciar las cámaras que ya existen en la ciudad.

En los textos repartidos por la zona del centro de la capital hispalense, a los que ha tenido acceso Europa Press, la asamblea recuerda que la empresa Indra, con la que la Delegación municipal de Economía y Empleo ha firmado un convenio para hacer un estudio previo a la instalación, es "la principal empresa armamentística del Estado español".

El colectivo, según el folleto, se opone "totalmente" a este proyecto, pues aunque sea la Confederación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom) la principal valedora del proyecto, "se pretende que las paguemos con nuestro dinero íntegramente".

Añade que habría que preguntarse "quién vigila al vigilante" y expresa que implantar videovigilancia "se enmarca perfectamente en el modelo de ciudad que se viene implantando a marchas forzadas en Sevilla, a base de control policial en el espacio público y recorte de libertades, para barrer de las calles lo que no gusta ver".

Asimismo, y después de dos sesiones informativas y de debate en las últimas semanas, en el día de ayer la asamblea llevó a cabo un paseo por el centro y la elaboración de un mapa para evidenciar las cámaras de vigilancia que ya hay instaladas, realizándose entrevistas a los ciudadanos para saber su opinión al respecto por las calles Imagen, Campana, Cuna, Tetuán, Sierpes o Entrecárceles, haciendo paradas en la Plaza Nueva o El Salvador.

El portavoz de la asamblea Luis Miguel Lozano ya indicó a Europa Press que la postura de la agrupación se enmarca dentro de la "defensa a la privacidad y la intimidad de las personas", pues consideran que las cámaras de vídeo suponen "la implantación de una medida de control social al servicio de los comerciantes, pagándolo de nuestro bolsillo".

"Nos oponemos rotundamente a ello, puesto que los valores de libertad e intimidad del individuo están por encima de una supuesta seguridad", indicó Lozano, que añadió que en Londres, "la ciudad más videovigilada del mundo", un amplio sector del gobierno y la sociedad han denunciado el "total fracaso" de estas medidas en materia de seguridad, "pues el 80% de los casos grabados siguen sin resolverse tras un gasto de cientos de millones". "Ni siquiera tenemos una situación de grave inseguridad que pudiera justificar la instalación de estas cámaras", agregó.