Sevilla.- Facturas.- Imputan al responsable de la Intervención en la presunta duplicidad de facturas de Guerra-Librero

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicitó hoy imputar al responsable de la Intervención municipal del Ayuntamiento de Sevilla en el caso de la duplicidad de facturas de la ex concejal del PA y antigua delegada del Distrito Triana-Los Remedios Isabel Guerra-Librero, al entender que existe un desfase entre la presentación de la factura presuntamente duplicada de 1.464 euros en el Consistorio y la denuncia de este hecho, en 2005.

Fuentes del caso informaron hoy de la solicitud de la ampliación de la imputación del caso formulada ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, en el que la primera imputada fue Guerra-Librero, y, desde ayer, también lo está Rosa Ortega, ex secretaria del Distrito Triana-Los Remedios y después concejal del PA, entre 2003 y 2004.

La noticia se hizo pública después de que hoy prestara declaración por el caso Rosa Ortega, quien reconoció que se encargaba de rellenar los cheques del Distrito, si bien aseguró que la presunta duplicidad fue fruto de un error.

Por su parte, Isabel Guerra-Librero declaró el pasado martes ante la juez que instruye el caso, Silvia Soto, que sí firmó los talones, reconoció su firma, pero defendió que se limitaba a firmar las facturas que le llegaban.

La presunta comisión delictiva fue denunciada por la Fiscalía a raíz de una denuncia formulada por el PSOE tras el caso Macarena. En lo referente al caso por el que están imputados Guerra-Librero, Ortega y ahora el responsable de la Intervención municipal, éste se refiere a una factura de 1.464 euros abonada en 2000 por el Distrito Triana-Los Remedios, cuando lo dirigía la primera imputada, a favor de una empresa que se encargó del montaje de un escenario en la plaza de Santa Anita para la celebración de una velada de El Tardón.

La ex edil Guerra-Librero acudió el martes a declarar ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla junto con el empresario de la compañía a la que correspondía la factura en cuestión, quien declaró que el dinero de la factura ya ha sido devuelto y que recibía una remesa de talones y no comprobaba nada de los mismos, porque entonces facturaba al año con el Ayuntamiento unos 300.000 euros.