Sevilla.-La ordenanza 'antivandálica' impondrá sanciones de entre 50 y 3.000 euros por mendicidad, vandalismo e insultos

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en vigor el próximo verano una ordenanza 'antivandálica' que prevé imponer sanciones de entre 50 y 3.000 euros por mendicidad, vandalismo e incluso insultos vejatorios en la vía pública.

En rueda de prensa, el concejal responsable del Área de Gobernación, Francisco Fernández, explicó que se trata de un texto con 50 artículos "eminentemente práctico", que se elevará al próximo Pleno y que nace con "voluntad y vocación de transversalidad", de forma que se convierta en "una herramienta útil".

Una de las principales novedades es que la Policía Local podrá aplicar sanciones de 120 euros a aquellas personas que busquen aparcamiento a cambio de dinero, con lo que se pretende regular la problemática de los 'gorrillas', cuya actividad será considerada "mendicidad coactiva".

No obstante, las multas no se impondrán hasta que no se produzca una reincidencia, ya que los agentes deberán avisar en primer lugar a estos aparca-coches ilegales de que no está permitido el cobro a los conductores por aparcar en la vía pública, ya que "el objetivo no es cobrarle ninguna cantidad, sino que tenga claro que no puede llevar a cabo esa actividad".

La mendicidad es otro de los aspectos que recoge esta ordenanza, en la que recogen sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros si ésta se realiza, directa o indirectamente, con acompañamiento de personas con cualquier tipo de discapacidad, física o mental y menores, sobre los que habrá una "especial atención", que se extenderá incluso a su presencia en las calles dentro del horario escolar.

De igual modo, no estarán permitidas las actitudes de acoso entre menores en el espacio público, especialmente aquellas conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas, conductas que alcanzarán la categoría de muy graves y tendrá, por tanto, las sanciones más altas --entre 1.500 y 3.000 euros--.

Por otro lado, la Policía Local actuará contra aquellas personas que destrocen el mobiliario urbano o hagan pintadas en espacios públicos y las multas podrán satisfacerse con trabajos para la comunidad, con lo que se pretende "defender la degradación del entorno urbano".

En este caso, concretó que "si un joven menor de edad quema un contenedor, sus padres serán responsables del pago de la reposición del contenedor, pero la acción de quemarlo también tendrá una sanción administrativa, que deberá pagar el chaval sustituyéndola por trabajo social".

Los insultos también podrán ser sancionados mediante esta norma, que "recoge de forma específica la vejación, el insulto que pueda hacer que una persona se sienta agredida", de forma que apuntó que "el piropo es el piropo, un concepto bastante machista que en muchas ocasiones no tiene ninguna gracia".

De este modo, Fernández insistió en que podrá sancionarse "todo lo que genere una mala relación entre los ciudadanos", como es el caso de insultos con tintes racistas, xenófobas, sexistas u homófobas que se produzcan en los espacios públicos tanto por escrito como de palabra.

MEDIACIÓN

Por otra parte, el edil socialista destacó la importancia de la figura del "mediador social" como "herramienta básica para la resolución alternativa de conflictos", que serán nombrados por el Consistorio "en calidad de terceras personas neutrales" para que resuelvan los conflictos de convivencia.

En esta línea de participación ciudadana, el Ayuntamiento convocará anualmente los premios al civismo ciudadano dirigidos a toda persona física o jurídica que haya destacado en el desarrollo de una labora, acto, conducta, programa, trabajo o campaña "ejemplar" dirigida a "conseguir la filosofía de conciencia y solidaridad cívica".

Esta ordenanza, que calificó de "ejemplarizante", se someterá a la aprobación del Pleno municipal el próximo día 15 de marzo y está prevista su entrada en vigor en un plazo aproximado de cuatro meses, "no antes de las elecciones, porque el Gobierno local no pretende hacer con esto campaña política".

Para la aplicación de la nueva normativa se hará necesaria la puesta en marcha de un "aparato administrativo que haga que las sanciones sean aplicables", según aclaró Fernández, quien anunció también la creación con este fin de una nueva unidad de Policía Local formada por unos 50 agentes que deberán recibir instrucción específica al respecto.