SEVILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Oficina Técnica de Atención a Inquilinos en Situación de Abuso (Otaínsa), dependiente de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla, ha adjudicado una vivienda a Cristóbal León Ruiz, de 80 años, que fue desahuciado la pasada semana por el juzgado, a instancias de la propiedad, de su vivienda originaria en el número 27 de la calle Guadaíra, en la barriada sevillana de San Bernardo.
En un comunicado, el concejal de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Antonio Rodrigo Torrijos, indicó que al cumplir los requisitos para acceder a una vivienda del Parque Social de Viviendas, es decir, ser mayor de 65 años y con escasos recursos, la delegación ha decidido adjudicarle una vivienda en el número 52 de la calle San Bernardo.
Torrijos recordó que el Parque Social de Viviendas está dirigido a un colectivo "especialmente sensible" como es el de mayores, con escasos recursos económicos --no deben superar los 500 euros al mes-- y que se han quedado sin vivienda por causas no imputables a ellos.
Sobre el caso, el portavoz vecinal del barrio de San Bernardo y dirigente de la 'Liga de Inquilinos La Corriente', Antonio Buenavida, informó a Europa Press de que la titularidad del inmueble originario recae en la inmobiliaria 'Gaflorta S.L.', que el pasado 4 de noviembre ganó un litigio judicial mediante el que reclamaba el desahucio de este vecino, precisamente el día en el que moría su esposa.
En cumplimiento a la sentencia, el pasado 21 de febrero se consumó el desalojo al salir de la vivienda los últimos enseres de Cristóbal León, que se trasladó al número 52 de la calle San Bernardo después de participar en 2005 en la ocupación ilegal de este último inmueble para reclamar su uso como bloque de viviendas para realojos de inquilinos amenazados, extremo que finalmente se cumplió al comprar el Ayuntamiento este edificio construido por Prasa.
Según la información recabada por Buenavida, el incumplimiento del deber de conservación por parte de Gaflorta S.L. habría motivado que el Ayuntamiento impulsara un procedimiento para actuar de manera subsidiaria y ofertar la propiedad de la vivienda de León a una constructora que garantizase su rehabilitación, aunque los vecinos reclaman que "el Consistorio compre el inmueble y realoje a sus legítimos inquilinos para que puedan continuar viviendo en el barrio".
