Actualizado 30/06/2007 17:34 CET

Sevilla.- Sucesos.- Detenido un empresario de Brenes por un presunto delito contra los Derechos de los Trabajadores

BRENES (SEVILLA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Brenes en Sevilla ha detenido a un empresario de la localidad, cuya identidad responde a las iniciales de S.M.R., de 50 años de edad, por un presunto delito contra los Derechos de los Trabajadores, por lo que ya ha pasado a disposición del Juzgado número 1 de Lora del Río (Sevilla).

En un comunicado remitido a Europa Press, el Instituto Armado informó de que varios trabajadores de nacionalidad rumana se personaron en el puesto de la Guardia Civil denunciando que habían sido contratados para la recolección de cebollas en dos fincas de los términos sevillano de Écija y La Luisiana.

A este respecto, señalaron que dicho trabajo lo realizaban durante dos días sin que por ello percibieran emolumento alguno. Asimismo, denunciaron que durante la jornadas, que se desarrollaban desde las 07.00 hasta las 19.00 horas, se llevaban a cabo sin descansar y sin comer.

De este modo, y ante las primeras pesquisas de la Guardia Civil, se localizó a la persona que les había contratado, un empresario que dirige una empresa de contratación temporal, el cual manifestó a los agentes que el importe de dichas jornadas de trabajo se las había abonado a una tercera persona de la que sólo sabía su nombre y que fue la intermediaria entre él y los trabajadores.

No obstante, la Benemérita aseguró que en los archivos de sus dependencias en Brenes el denunciado figuraba como imputado en cinco denuncias por la apertura de hospedaje sin licencia, por carecer de registro de hospedados y por construir sin licencia.

Al hilo de ello, los agentes, tras realizar unas inspección del lugar donde tenían alojados a los trabajadores, comprobaron que se trataba de una nave industrial en la que se habían construido por medio de paneles habitáculos entre ocho y diez metros cuadrados donde había dos literas, además de tener un pequeño cuarto de baño común.

Así, la Guardia Civil comprobó que, a pesar de que las condiciones higiénicas sanitarias eran mínimas, por la estancia en estas instalaciones les cobraban 125 euros mensuales.