Le piden hasta nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por no adjudicar oficialmente una vivienda
SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla juzgará el próximo 16 de marzo al alcalde de Villaverde del Río (Sevilla), Rufino Campos Cabeza (PSOE), para el que piden nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en relación con un presunto delito de prevaricación, por la supuesta no adjudicación oficial de una vivienda a una vecina de nacionalidad argentina, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lora del Río y la Audiencia Provincial de Sevilla, en sucesivas decisiones, ya rechazaron la petición de nulidad de las actuaciones expuesta por el regidor. Así, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron a dicho juzgado la apertura de juicio oral contra Campos Cabeza por el citado delito.
El escrito presentado ante el juzgado por la acusación particular, ejercida por la denunciante P.S.T., señala que esta mujer viene requiriendo una vivienda digna desde el año 1992, motivo por el cual existe desde septiembre de 1995 un "esclarecedor" informe de los Servicios Sociales en el que se recoge la situación de "extrema gravedad" que padecen ella y su familia.
Esta situación, según continúa el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, "se degradó" hasta el extremo de que en julio de 2001 P.S.T. fue "desahuciada y lanzada" de su domicilio, viéndose obligada a ocupar "de forma violenta" otra vivienda, sufriendo incluso "manifestaciones xenófobas" contra ella y su familia por tal actuación.
Añade que desde la corporación municipal "se ha hecho todo lo posible" por evitar que esta vecina obtenga su "merecida" vivienda, apuntando que en julio de 1997 y, "consciente de la irregularidad de la situación", el alcalde ordenó entregar las llaves de ésta a otra persona "sin abrir concurso público de adjudicación y al margen de las vías legales".
Este hecho se llevó a cabo además, agrega el escrito, "sin que constasen" sus ocupantes como familia desfavorecida en la lista de los Servicios Sociales del municipio, donde "sí constaba" la denunciante, cuestión en la que se hizo mención en el Pleno del Ayuntamiento del 3 de julio de aquel año cuando se propuso, a iniciativa de IU, la adjudicación de dicha vivienda a P.S.T., si bien tal propuesta fue finalmente desestimada.
Dice el escrito de la acusación particular que las "justificadas" quejas por tales hechos se levantaron ante el Defensor del Pueblo Andaluz, "al que ignora" el regidor de Villaverde "hasta el punto" de que éste incluyera la queja de P.S.T. en el Informe Anual del Parlamento Andaluz, declarando asimismo su "actitud entorpecedora".
El abogado de la parte demandante incluye entre sus conclusiones provisionales una indemnización de 50.000 euros a favor de P.S.T. por los daños morales que le han sido causados en este caso.
