SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla la práctica de una serie de pruebas periciales y testificales en cuanto a los restos arqueológicos destruidos en la Puerta de Jerez durante las obras previas a la peatonalización e instalación del tranvía, entendiendo que estos hechos por los que la Consejería de Cultura sancionó inicialmente con 24.878 euros a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) podrían constituir un delito.
Fuentes de la Fiscalía informaron a Europa Press de que las actuaciones derivan de la denuncia que en su momento formulara la asociación 'Solidaridad del Taxi' contra el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para peatonalizar la Puerta de Jerez y la avenida de la Constitución, si bien los aspectos tratados por el Ministerio Público se reducen sólo a la destrucción de cuatro hornos almohades por la constructora Martín Casillas en el marco de las obras previas que ejecutaba Emasesa para el desvío y la reposición de los servicios públicos afectados.
Visto el informe que ya redactó al respecto un arqueólogo de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura, documento que sirvió de base para imponer una sanción de 24.878 euros a Emasesa como responsable de estos trabajos, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 la práctica de toda una serie de pruebas periciales y testificales al objeto de dilucidar las responsabilidades concretas de la destrucción de estos vestigios históricos.
De los hechos denunciados se desprende, según el Ministerio Público, que la destrucción de los hornos almohades no constituye sólo "una infracción administrativa grave, sino un delito", por lo que se solicitó estas actuaciones al juzgado sin que hasta el momento se les haya dado comienzo.
Cabe recordar al respecto que el citado informe había sido elaborado por José Manuel Rodríguez Hidalgo, uno de los arqueólogos especialistas de la Consejería de Cultura. El informe analizaba los hechos sucedidos el 24 de abril de 2006 en el entorno de la Puerta de Jerez y en el marco de las obras que ejecutaba la constructora Martín Casillas por encargo de Emasesa. Concretamente, Rodríguez Hidalgo aconsejaba la apertura de un expediente sancionador por expolio partiendo del propio informe de la arqueóloga de Martín Casillas y tras comprobar que los operarios de la empresa constructora procedían al vaciado del "pozo de ataque" de la Puerta de Jerez una vez consumada la "destrucción de los hornos sin metodología arqueológica".
Si bien el informe de Rodríguez Hidalgo sirvió para que Cultura impusiera una sanción de 24.878 euros a Emasesa pese a ser desestimado el caso de "expolio" y sólo admitirse la "falta leve", un recurso del Ayuntamiento por la vía Contencioso Administrativa motivó la suspensión cautelar de tal pena.
LOS HECHOS: CUATRO HORNOS DEL SIGLO XII DESTRUIDOS.
Según la documentación recabada por Europa Press, los orígenes del caso se remontan al 30 de marzo de 2006, cuando la Delegación de Cultura elaboró un informe de las obras proyectadas en la Puerta de Jerez a partir de la visita de uno de sus arqueólogos especialistas, José Manuel Rodríguez Hidalgo. El informe señalaba que las obras que Martín Casillas ejecutaba por orden de Emasesa en la zona afectaban a "una zona de alto potencial arqueológico" encuadrada en el sector siete 'Catedral' del Conjunto Histórico de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural.
Aunque la Consejería de Cultura había suspendido las obras de Emasesa en la Puerta de Jerez por incumplimientos administrativos en el proyecto, finalmente se permitió reanudar los trabajos entre el 24 y el 15 de abril atendiendo a lo "singular" y la "envergadura" de la obra, aunque ya el 25 de abril tanto la arqueóloga de Martín Casillas como José Manuel Rodríguez Hidalgo constataban la destrucción "fuera de los requerimientos exigidos" y "sin metodología arqueológica" de los cuatro hornos almohades rescatados a 2,3 metros bajo el nivel del suelo.
