SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los informes técnicos firmados por funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla en respuesta al informe que, a su vez, redactó el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico sobre el funcionamiento del sistema de regulación del plan especial del centro inciden en que éste no se ha desconectado "en ningún momento" y en que su margen de error no superaría el 1 por ciento.
En un comunicado, el PSOE ha criticado que, ante la denuncia pública realizada por el portavoz municipal socialista, Juan Espadas, sobre la existencia de estos informes y de las "duras" conclusiones que de ellos se obtienen, el PP "se ha negado a hacerlos públicos".
Así, ha realizado una serie de cuestiones, como "quién encargó el informe a medida que califica de fraude el Plan Centro" o "quién autorizó al firmante de este informe a secuestrar el expediente durante dos días y en contra del procedimiento administrativo vigente", que formarán parte de las preguntas que el PSOE hará al gobierno en la comisión de investigación que se llevará a cabo sobre este asunto y que el que "Zoido tendrá que dar no pocas explicaciones sobre la información que se han ocultado y manipulado de manera deliberada".
En los informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, se coincide en que a partir del mes de marzo se constata la imposibilidad de tener las bases de datos actualizadas, por una situación "cercana al colapso", e incluso de "emergencia", por lo que no se tramitan las sanciones. No obstante, también expresan conclusiones similares en cuanto a que "no se ha producido desconexión del sistema instalado", y que éste "sigue tomando datos de los tránsitos, lee y detecta el paso de los vehículos por los puntos de entrada y salida". "El sistema está encendido a la espera de recibir las instrucciones oportunas respecto al procedimiento", reza otro.
Uno de los más críticos y explícitos es el firmado el pasado 5 de agosto por el funcionario jefe de Servicio Administrativo de Tráfico y Transporte, donde se afirma que el autor del informe inicial en el que se apoyó el PP "ha tenido acceso a los tres tomos del expediente sin seguir el cauce reglamentario, esto es, sin que esta Jefatura lo haya autorizado expresamente".
Así, el jefe de servicio no garantiza que dicho expediente no haya sido alterado, aunque inicialmente no se puede acreditar, ya que "el mismo estuvo en poder de esta persona del 20 de julio al 22 de julio sin que se pudiera ejercer la custodia necesaria de los mismos". "Una vez comprobado el contenido de los tres tomos de dicho expediente, parece que no se ha alterado su contenido (añadiendo, suprimiendo o sustituyendo documentos) si bien no puede acreditarse lo anterior al no haberse seguido el cauce reglamentario establecido", se afirma textualmente.
Tres de los informes aluden a que las deficiencias detectadas fueron puntuales y subsanadas en su día. En cuanto a su fiabilidad, un informe subraya que ésta es "superior al 97 por ciento ofertado por la empresa", mientras que otro indica, textualmente, dudar de que "el margen de error sea superior al 1 por ciento".
El PSOE ha hecho hincapié en otros de los aspectos recogidos que contradicen al informe del jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, como que "se despeja cualquier duda sobre el proceso de adjudicación que tuvo en todo momento como único adjudicatario a la empresa SICE"; se deja claro que en Pleno se aprobó una modificación del fichero de datos; se rechaza que haya existido ninguna modificación de presupuesto, con todas las certificaciones debidamente tramitadas y fiscalizadas; y se afirma que la recepción del sistema se produjo "según los trámites establecidos y con la presencia de la intervención municipal".
Por último, y en relación a la tramitación de las multas, el grupo que dirige Juan Espadas ha pedido que también se aclare si se trasladaron órdenes a los funcionarios para no tramitar estas sanciones a partir del 11 de junio --fecha de entrada del nuevo gobierno-- y hasta el 29 de julio, fecha de la derogación.
LA VERSIÓN DEL GOBIERNO
Por su parte, el gobierno municipal asegura que la suspensión de las sanciones y que sólo se multara a los usuarios que permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos, quedando así sin sanción el intervalo inferior a 75 y superior a 200 minutos, todo ello "sin transmitir la debida información al ciudadano" --hechos que admiten los citados informes-- justificó la posición de que el sistema era un "fraude", y proceder así a su derogación.
De hecho, el gobierno municipal informó a principios del mes de agosto de la recepción de nuevos informes que "reafirman que cada vez se hace más necesaria una comisión de investigación para aclarar todo el proceso de este plan, los plazos y fechas, y porque hay informes de varios funcionarios que confirman los datos que llevaron al gobierno a calificar dicho plan de fraude de ley".
Según informó el PP, los documentos revelan que la falta de personal "obligó a limitar las multas sólo a los usuarios que permanecían en el centro histórico entre 75 y 200 minutos, y no 45 minutos como dijo el anterior gobierno municipal".
