BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La delegación española de socialistas en la Eurocámara votará en contra del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, si la Comisión Europea no toma medidas para asegurar su cumplimiento, en especial en cuanto a los precios de entrada y a las cantidades de contingente de tomate marroquí que marca el pacto y que según denuncian el sector y varias regiones españoles Rabat incumple sistemáticamente.
"El problema no es el contenido del acuerdo, el problema es el incumplimiento continuado del actual acuerdo y, por tanto, no tener garantías de que el nuevo vaya a tener los mecanismos de control que en la actualidad no existen", ha declarado en rueda de prensa la eurodiputada socialista Iratxe García.
Junto a García, las eurodiputadas Pepa Andrés y María Muñiz han explicado la posición del grupo en una rueda de prensa ofrecida junto a la consejera de Agricultura y Pesca andaluza, Clara Aguilera, quien ha viajado a Bruselas para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo actual y reclamar a la Eurocámara que tumbe el nuevo convenio.
Pepa Andrés ha lamentado que los intereses de los agricultores hayan quedado "eclipsados" en el debate sobre este acuerdo por otras cuestiones "territoriales y de Derechos Humanos" y ha pedido una evaluación más profunda sobre el impacto económico y social para la agricultura.
"Hay aspectos no solucionados, como la regulación de los precios de entrada, el control de los contingentes (...) y un plan de lucha de la Comisión contra las irregularidades", ha advertido. Si el Ejecutivo comunitario no atiende estas preocupaciones y plantea soluciones y un "resarcimiento de daños", los socialistas españoles mantendrán su voto en contra, según ha alertado Andrés.
Las eurodiputadas han asegurado que su rechazo no se basa en las disposiciones del nuevo acuerdo, que no valoran negativamente; ni se dirige a Marruecos, país que consideran "socio estratégico"; sino que se trata de un mensaje de alerta al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy y al Ejecutivo comunitario para exigir modificaciones en el actual reglamento de precios de entrada y para reforzar los controles en la entrada de mercancía.
También han defendido la coherencia del anterior Gobierno socialista, que aprobó en el Consejo de la UE con el resto de Estados miembros el nuevo acuerdo, porque la ministra Rosa Aguilar "vino planteando la necesidad de estas medidas" de refuerzo en sus visitas a Bruselas. "Queremos sobre la mesa ya la modificación del reglamento de precios de entrada que no sea lesivo para nuestros productores. Es la misma posición planteada por el Gobierno socialista", ha afirmado García.
Respondía así a las críticas lanzadas el lunes también en Bruselas por el nuevo ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que tachó de "desequilibrado" el nuevo acuerdo y acusó a los socialistas de cambiar su posición por intereses electoralistas en Andalucía.
A este respecto, las eurodiputadas han recordado que el actual convenio se negoció con Rabat cuando Arias Cañete era ministro del ramo en el Gobierno de José María Aznar, y entonces defendió el pacto como "equilibrado" y quitó hierro a las críticas del sector.
La consejera andaluza, por su parte, ha afirmado que el Partido Popular presenta una "doble cara" en este asunto y ha pedido al líder de los 'populares' en Andalucía, Javier Arenas, que aclare si los eurodiputados de su grupo seguirán la línea marcada por el partido en la comunidad autónoma.
"No es justo ni razonable que el actual acuerdo, que no se está cumpliendo, se ratifique con un nuevo acuerdo que incumple (las disposiciones)", ha insistido Aguilera, para después subrayar el rechazo "unánime" del Parlamento andaluz al pacto por su impacto en la región.
La comisión de Comercio del Parlamento Europeo votará el acuerdo el próximo jueves, 26 de enero, y está previsto que la ratificación se someta al voto del pleno en su próxima sesión el 15 de febrero, salvo retrasos de última hora.
El pacto agrícola negociado por Bruselas con Rabat en 2010 permitirá la entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido, una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.
