SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias de etnia gitana instaladas en la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero, procedentes del desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, han abandonado hoy estos suelos propiedad de la Autoridad Portuaria de Sevilla merced a la orden desalojo dictada por dicha entidad, cobrando fuerza la posibilidad de que estas personas regresen al Polígono Sur al haber sido ya expulsadas de varios enclaves.
En cumplimiento de la orden de desalojo notificada por la Policía Nacional, estas familias, que hace ya tres meses abandonaron el Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo entre clanes de etnia gitana, han recogido a primera hora de hoy sus enseres y han abandonado los suelos de la Autoridad Portuaria a través de la carretera que se dirige hacia la base militar de El Copero.
Entre el tráfico pesado de camiones que soporta esta carretera, estas familias se han servido de sus furgonetas y coches para dar portes y trasladar sus pertenencias desde la zona de matorral que ocupaban en uno de los márgenes de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, hasta un solar cercano ubicado entre el barrio de Los Bermejales y la carretera que enlaza el acceso sur de las instalaciones del Puerto con la avenida de la Raza.
El desalojo, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria, se ha consumado sin incidentes, si bien ha reinado la tensión dado que se trata de la tercera expulsión que sufre este colectivo de etnia gitana en menos de una semana, porque desde el pasado viernes estas familias han sido desalojadas del antiguo poblado ubicado junto a la dehesa de Tablada, del Charco de la Pava y ahora de estos suelos de la Autoridad Portuaria.
Una vez finalizado el desalojo, uno de los principales líderes del colectivo, Ángel, explicó a los medios de comunicación que tras abandonar la carretera de la base de helicópteros de El Copero, las familias se están reagrupando en un solar abandonado de Los Bermejales, porque él mismo habría llegado a un acuerdo con la Policía Nacional para que se les permita permanecer allí unas horas al objeto de resolver qué hacer ahora.
"Nos han dicho que o nos íbamos por las buenas o nos echaban a porrazos", dijo en cuanto al dispositivo policial desplegado para supervisar el desalojo. Al respecto, y dado que se trata de la tercera expulsión en menos de una semana, este portavoz del grupo de familias cargó contra las autoridades que "están jugando con nosotros" y "nos están engañando" e incluso contra los mediadores que han intercedido en favor de estas personas, porque "hoy aquí no había nadie". "Nos han dejado con el culo al aire", lamentó.
"SI ME VIENEN A PEGAR, NO ME QUEDARÉ QUIETO"
Dado este escenario, explicó que los miembros del colectivo se reunirán en asamblea este mediodía para decidir "qué hacemos", anunciando que él mismo propondrá el regreso al Polígono Sur e incluso piensa adoptar tal medida en lo que a los miembros de su familia se refiere. "Yo, de mi parte, me voy a mi casa, porque es el único sitio del que no me pueden echar. Yo estoy empadronado allí", dijo este miembro de este colectivo exiliado del Polígono Sur tras la muerte de un menor víctima de una bala perdida.
En ese sentido, reconoció los riesgos derivados del retorno al Polígono Sur, donde la familia del menor fallecido podría vengarse de estas personas, y aunque aseguró que estas familias eludirán el enfrentamiento con los familiares y allegados del menor fallecido, admitió que "si me vienen a pegar, no me quedaré quieto".
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.