SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sectores de telecomunicaciones, banca y eléctricas han sido los más denunciados por los consumidores andaluces en 2014, según Facua-Andalucía, quien lamenta que la Junta siga "sin actuar con contundencia ni dar respuesta a sus denuncias ante los fraudes masivos".
En una nota, Facua-A, tras advertir de la falta de recursos de la Administración andaluza para tramitar con celeridad las reclamaciones de los usuarios, ha señalado que la Secretaría General de Consumo no aplica sanciones "proporcionales" de forma disuasoria.
Así, critica que durante esta legislatura, la autoridad autonómica de protección a los consumidores, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, continúe ocultándole qué medidas lleva a cabo ante las denuncias que interpone ante fraudes, que "muchas veces se producen de forma masiva".
El balance anual de Facua-A refleja que las compañías de telecomunicaciones siguen manteniendo en Andalucía su histórica primera posición, con el 36,6 por ciento de las denuncias. En segundo lugar, un año más, la banca y servicios financieros, con el 18,8 por ciento. En tercera posición repiten las empresas energéticas, donde las irregularidades, fundamentalmente en el sector eléctrico, han supuesto el diez por ciento de las reclamaciones.
Durante 2014, Facua tramitó en Andalucía un total de 24.647 consultas y reclamaciones en sus oficinas en las ocho provincias, por teléfono, a través de sus webs y el portal facua.org. Fueron 19.313 consultas de los consumidores y 5.334 reclamaciones abiertas por sus departamentos jurídicos para defender a sus asociados.
La federación reclama medidas así como que se apliquen y difundan públicamente sanciones proporcionales a los graves fraudes que se cometen.
INFORME
El balance '¿Qué denuncian los consumidores andaluces en 2014?' pone de manifiesto que el 36,6 por ciento de las reclamaciones fueron contra las compañías que prestan servicios de telefonía, Internet y televisión, situándose una vez más a la cabeza de las denuncias. Las irregularidades en telecomunicaciones móviles provocan casi el doble de reclamaciones que los servicios de telefonía fija e Internet.
Después de las telecomunicaciones, la banca y la energía, el cuarto lugar como sector más denunciado por los andaluces en 2014 lo ocupan los seguros, con el seis por ciento. A continuación, las quejas relacionadas con la compra y reparación de electrodomésticos y equipos eléctricos, 4,1 por ciento.
En el sector de las telecomunicaciones, los principales motivos de las denuncias de los usuarios siguen siendo incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia. Asimismo, el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta son otras de las quejas planteadas por los consumidores.
En la banca destacan las denuncias por comisiones cobradas irregularmente y la aplicación de cláusulas abusivas en contratos de préstamos al consumo o hipotecarios. Las participaciones preferentes y, sobre todo, las cláusulas suelo hipotecarias, siguieron provocando numerosas denuncias durante 2014.
En el sector eléctrico, el informe señala que se producen numerosas quejas por la falta de lectura de los contadores durante largos periodos, aplicando posteriormente facturas desproporcionadas. También siguen creciendo las reclamaciones por ofertas comerciales engañosas en las que los supuestos descuentos acaban hinchando el importe de los recibos, un fraude masivo ante el que ni el Gobierno central ni el autonómico están tomando medidas.
Las compañías aseguradoras son denunciadas fundamentalmente por la negativa a abonar las cantidades o cubrir los servicios establecidos en los contratos.
En cuanto a los problemas relacionados con la compra y reparación de electrodomésticos y equipos electrónicos, las quejas de los consumidores se basan en la negativa a asumir las garantías legales o grandes retrasos en la reparación de productos defectuosos.
