Actualizado 23/02/2012 20:14 CET

Trabajadores de Arance esperarán a que la Junta se pronuncie sobre el ERE antes de convocar posibles protestas

Creen que la situación de la empresa está "en punto muerto" porque la compañía ha seguido "un procedimiento inadecuado"

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Arance, empresa andaluza del sector de la distribución de productos de baño y cerámica, han decidido esperar a conocer la respuesta de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía a toda la plantilla antes de convocar posibles actos de protestas.

No obstante, fuentes sindicales han adelantado a Europa Press que están "prácticamente seguros" de que la Junta no autorizará dicho ERE al haber presentado la empresa previamente un concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Sevilla.

De esta manera, en el transcurso de una asamblea celebrada este miércoles, que se prolongó hasta después de las 22,30 horas, los trabajadores han llegado a la conclusión de que la situación de la empresa está "en punto muerto" por culpa del "procedimiento inadecuado" que, a su juicio, ha seguido la compañía.

Así, las fuentes consultadas han apuntado que "lo más probable es que, en primer lugar, el Juzgado de lo Mercantil tenga que nombrar a un administrador concursal para la empresa como paso previo a que se estudie el ERE".

De esta manera, los trabajadores han descartado llevar a cabo movilizaciones en bloque antes de que se den esos pasos, si bien una parte de la plantilla sí ha decidido unirse a la manifestación que, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, tendrá lugar el próximo 29 de febrero a las 20,00 horas en todas las capitales de las provincias españolas.

DEUDA DE 13 MILLONES CON PROVEEDORES

Por su parte, la empresa comunicó a los trabajadores en la primera reunión que mantuvo con ellos en el periodo de consulta abierto tras anunciar un ERE, que cuenta con una deuda de 13 millones de euros con sus proveedores y que registra unas pérdidas acumuladas de más de cuatro millones de euros.

Fuentes sindicales indicaron a Europa Press que esa primera reunión se saldó "sin ningún tipo de acuerdo" entre empresa y trabajadores, de forma que "la empresa persiste en su intención de cerrar y liquidar la empresa y acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)" para "no pagar absolutamente nada" y que sea el Fogasa el que "lo abone todo".

Además, los trabajadores piden que "se mantenga la actividad y siga la sociedad en funcionamiento" y que los empleados que tengan que salir "lo hagan en las mejores condiciones y se mejoren las indemnizaciones".

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