El Ministerio Público retira la acusación contra un arquitecto técnico imputado y el juicio queda visto para sentencia
SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha mantenido su petición de dos años de cárcel para dos de los tres acusados por las obras en la antigua Casa de la Moneda de la capital hispalense, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), según han informado a Europa Press fuentes del caso.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas por Europa Press han precisado que el juicio ha quedado visto para sentencia tras la celebración este viernes de la última sesión de la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla.
De este modo, fue en la segunda sesión del juicio iniciado el pasado 11 de diciembre cuando el Ministerio Público retiró la acusación contra el arquitecto técnico imputado, identificado como I.D., a lo que se adhirió la letrada de la Junta de Andalucía.
Ya en la última sesión de la vista oral celebrada en la mañana de este viernes, la Fiscalía ha mantenido su petición de dos años de cárcel para el arquitecto y el promotor de las obras en la antigua Casa de la Moneda por dos delitos contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio.
Así, la Fiscalía pide para cada acusado un año de prisión y multa de 15 meses con cuota de 20 euros, así como inhabilitación para ejercer durante dos años como promotor, técnico director o constructor, por el delito contra la ordenación del territorio. En cuanto al delito contra el patrimonio histórico, solicita para cada acusado otro año de prisión.
De manera subsidiaria, el Ministerio Público ha planteado limitar el delito de daños a la destrucción de los muros y tabiques interiores de la Casa de la Moneda, que son de los siglos XVIII y XIX, y no incluir por tanto lo referente a la planta ático.
EL PROMOTOR DESCONOCÍA QUE HUBIERA MUROS Y TABIQUES PROTEGIDOS
En su declaración, el promotor de las obras aseguró que desconocía que hubiera muros y tabiques protegidos en dicho inmueble y puso que no dio orden de demoler estos muros interiores.
Así, el acusado relató que, aunque eran dueños de este edificio "desde hacía más de 100 años, nunca había subido a la azotea para ver si existía o no algún ático anterior", mientras que "no sabía si había muros y tabiques protegidos", ya que había inquilinos y al no entrar en el edificio desconocía todos estos aspectos.
El imputado, que es representante de la sociedad promotora desde los años 80, afirmó que "no dio orden de demoler muros interiores ni sabía si eso estaba permitido", añadiendo que se le pidió a uno de los dos arquitectos imputados que reordenara los espacios de la Casa de la Moneda para hacer diez viviendas y dos locales, todo ello "sin dar precisiones de cómo ni dónde, por ser cosas técnicas".
El Ministerio Público rememora en su querella que la sociedad limitada Patio del Tesorero promovía una serie de obras en este edificio enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en pleno casco histórico, y amparado por la figura de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La Real Casa de la Moneda, de hecho, goza de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con un grado de protección global B.
Según se desgrana en la querella, el arquitecto F.C.F., por encargo de la sociedad Patio del Tesorero, elaboró un reformado de proyecto básico y de ejecución al objeto de construir diez viviendas y dos locales en este edificio fundamentalmente conocido por su fachada, obra de Sebastián Van der Borcht. En septiembre de 2009, dicho documento gozó de las autorizaciones de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y del entonces delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno.
No obstante, los datos aportados a las autoridades en este reformado de proyecto básico y de ejecución habrían sido supuestamente falseados para "hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real". "Se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes", toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron "superados" respecto a la realidad.
DEMOLICIONES NO PERMITIDAS
Pero además, una vez autorizadas las obras por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y Bernardo Bueno, estos trabajos supusieron la "demolición de diversos tramos de los muros preexistentes en las crujías originales" pese a que el proyecto aprobado habría contemplado su conservación.
También fueron derribadas, entre otros elementos arquitectónicos, "unidades estratigráficas" del siglo XVIII correspondientes a la reforma de Sebastian Van der Brocht, del siglo XIX, correspondiente a la reforma de José Gómez Otero, y un tabique a la capuchina de los siglos XIX y XX, todo ello pese a que "no se había permitido demolición de ninguna clase".
Las demoliciones, según avisa la Fiscalía, han ocasionado "daños de imposible reparación" en este edificio protegido y han "alterado gravemente" su estado original. "Ninguna de las obras sería autorizable en ningún caso", señala la querella, que cuantifica en 225.268 euros los daños perpetrados al patrimonio histórico pese a lo "incalculable" de tal aspecto.
Las querella refleja que el propio delegado provincial de la Consejería de Cultura ordenó la paralización de las obras el 20 de enero de 2011.
