ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño e investigada por supuestos gastos privados o sin control cargados a sus cuentas, habría incurrido en una presunta "fragmentación" intencionada de su facturación, para "eludir los requisitos" de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, según el reciente atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
En el citado atestado, recogido por Europa Press, los investigadores recogen el testimonio de Juan Enrique M.G., administrador único de dos empresas de Alcalá dedicadas a la construcción y a la jardinería que relata que "casi todo el trabajo que facturó en la época objeto de investigación lo hizo al Ayuntamiento y a la empresa pública ACM", toda vez que en los trabajos prestados a la citada sociedad municipal "en ningún momento existió convenio, contrato o cualquier otro soporte físico, limitándose todo a la factura que emitía a la empresa pública" merced a los encargos de la misma.
Explicando que facturaba "entre 22.000 y 27.000 euros" al año a ACM, el empresario detalla que en 2010 facturó a la citada sociedad municipal 27.590 euros pero "fragmentando el importe total en seis facturas, ya que le indicaron que le facilitaría el cobro del servicio, aunque le hicieron la transferencia de una sola vez". En 2011, el empresario cargó a ACM seis facturas por valor de 29.000 euros con relación a una exposición canina. "Lo único que se pretendía con fragmentar la facturación era eludir los requisitos establecidos", señala el atestado de la Policía Judicial, que recuerda que las adjudicaciones públicas se deben ceñir a "los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación", toda vez que la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público incluso estipula expresamente que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y así eludir los requisitos según la legislación en vigor".
Así, el atestado policial señala la "nefasta" gestión de ACM y insiste en los "incumplimientos" detectados respecto a la Ley de Contratos del Sector Público.
EL CASO ACM
Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía de Dos Hermanas, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación sonora en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.
Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde. El Gobierno local, de su lado, niega todas las acusaciones.
El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en el marco de la investigación de los hechos, refleja en ese sentido la localización de facturas por valor de 976 euros cargados a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que, a finales de junio de 2007, incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes "documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores", como las personas que se alojaron en el citado hotel.
El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay "pruebas" de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal.
