SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, ha reclamado por tercera vez a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el informe que debe elaborar sobre el ciclo del agua de la mina.
En un auto fechado el pasado 22 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada requiere "con carácter urgente" a la CHG "a fin de que informe a este Juzgado las razones por las que no hayan atendido a fecha de hoy el oficio que le fue librado el 22 de mayo pasado y recordado con fecha 3 de julio del 2015, resultando el mismo especialmente relevante para las investigaciones en curso".
Recientemente, la Junta tachó de "sesgado" el informe de los técnicos del Instituto de Toxicología que han analizado muestras tomadas en las instalaciones y que concluyen que la depuradora no funciona y presenta visualmente un estado de abandono, alegando que la CHG es la única competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero.
En el mismo auto, la juez admite la personación en la causa como acusación popular de Manos Limpias y acuerda incorporar una querella del sindicato por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias a las diligencias donde se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias contra el grupo Magtel.
La juez toma esta decisión "al encontrarse directamente relacionado con el objeto de dicha investigación algunas de las referencias contenidas en el escrito de querella, en particular la solicitud de imputación" del exdelegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba Andrés Luque García.
De igual modo, la juez también alude en el auto a la petición realizada por Ecologistas en Acción para que impute en la causa a tres miembros de la mesa de contratación, en concreto al jefe de departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Juan Manuel Revilla; al jefe del Servicio de Minas, Iván Maldonado, y al secretario general de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Salvador Camacho.
No obstante, la juez acuerda "estar a la espera de las diligencias en curso para resolver lo procedente" sobre dicha petición de imputación.
