Tribunales.- Un padre al que la Junta retiró sus hijos en 2002 reclama 1,5 millones de indemnización

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alejo Pozo, padre "al que le privaron de sus cuatro hijos desde 2002", junto con su abogado Gabriel Velamazán, reclamaron hoy una "mayor" indemnización a la Junta de Andalucía, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros, porque les parece "inadmisible" que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "no explique" por qué la cuantía de indemnización es de "60.000 euros, incluidos intereses y sin costas".

Según manifestó Gabriel Velamazán en rueda de prensa acompañado de Alejo Pozo, "es inadmisible que el TSJA no dedique ni una sola línea a explicar sus criterios valorativos, bien para desacreditar la opción de Alejo por asimilar la privación irregular de sus hijos a la prisión indebida, bien para apartarse del otro criterio al uso --el baremo de accidentes de tráfico--, o bien para razonar porqué dan menos de la mitad --si se computa el paso del tiempo-- de lo que ya estableciera hace cinco años el Consejo Consultivo de Andalucía por unanimidad, que cifró la cuantía en 100.000 euros".

Ante esta situación, el abogado de Alejo Pozo ha elevado al Tribunal Supremo (TS), vía recurso de casación, la sentencia por la que se reduce la suma a 60.000 euros. Dicho recurso fue notificado el pasado 1 de diciembre y en él se emplaza a comparecer ante el TS, lo que, según Gabriel Velamazán, "obviamente haremos y seguiremos con esta interminable batalla, hasta llegar si hace falta al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".

A lo largo de todo el proceso, se han conseguido 13 sentencias, "todas contrarias" a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, "en mayor o menor medida satisfactorias pero con un común denominador" --precisó Gabriel Velamazán--, porque "todas señalan el irregular proceder de la Junta en la retirada y súbita entrega de dos hijos gemelos de Alejo para la adopción, sentencias dictadas por la Justicia y con una veintena de magistrados que dan la razón al padre durante diez años".

Al respecto, el abogado reprochó que "los diez años que lleva abierto el caso suponen un cúmulo de irresponsabilidades en el proceder de la Consejería y con una misma persona implicada que es la trabajadora de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, quien también llevó el caso de los hijos de Carmen Fernández, Iván y Sara, quienes fueron declarados en desamparo en 1996".

Así las cosas, Alejo fue "privado" de una primera hija, Silvia, ahora de 14 años de edad, que "fue entregada en adopción, no tuvo abogado, ni peritos que desde el principio le auxiliarán, y la misma trabajadora social señaló a su segunda hija, Alejandra, ahora de 11 años --sobre la que cayó resolución administrativa de desamparo--, y también a dos hijos gemelos, ahora de 10 años de edad, que fueron entregados a otra familia con celeridad inusitada", explicó el abogado.

"BEBÉS RETENIDOS"

En concreto, los padres de los niños son Alejo Pozo, maestro albañil, y Silvia, educadora social, que "cayó en la droga", situación que, según explicó el abogado, justificaba "plenamente" una actuación de los servicios sociales porque "sin duda esa dependencia implicaba un riesgo para los menores".

En cambio, prosiguió Gabriel Velamazán, los servicios sociales aconsejaron a Silvia que "abortara a los gemelos porque no los iba a poder criar". Sin embargo, al no abortar a sus hijos, "los bebés fueron retenidos en el hospital y no salieron nunca de allí con sus progenitores, sino que a los 13 días fueron concedidos a otra familia".

"Paralelamente la Junta decretó el desamparo de la segunda hija, Alejandra". Por su parte, Alejo "apoyaba" a su mujer, pero "la retirada de los gemelos supuso el suicidio de Silvia el 11 de febrero de 2000".

En este sentido, Alejo afrontó una situación en la que "la hija mayor estaba dada en adopción, su segunda hija amenazada de retirada, los gemelos quitados en el hospital, acción que la Junta justificó con que eran de padre desconocido y no estaban inscritos en el Registro Civil, y, aparte, su mujer había fallecido". Además, "el mismo día en el que enterraron a Silvia, Alejo recibió una llamada de la trabajadora social insistiendo en que entregara a su segunda hija o irían a por ella, razón que obligó a Alejo a quitar a su hija de la guardería pública tras ser alertado".

Del mismo modo, el abogado presentó una querella por la presunta comisión de delito de secuestro y prevaricación en el año 2000 por "no notificar la retirada de los gemelos", la cual "fue archivada", porque el juzgado decretó que, se pretendía "poner en tela de juicio todo el sistema de protección de menores", informó Velamazán.

"Pese al archivo, se tuvo acceso al expediente administrativo, hasta entonces oculto para el cliente, en el mismo aparecían todos los informes negativos con respecto a Alejo, elaborados por la trabajadora social, y en los cuales justificaba sus decisiones en que Alejo era mayor, que tenía diez años más de los que realmente tenía, que era huraño y se relacionaba poco con sus vecinos o que le gustaba el vino", explicó el abogado, quien añadió que "la descripción no era nada justificativa de medidas de tanta gravedad como las adoptaba sobre sus hijos y además la Administración silenció que Alejo contaba con siete hermanos, todos trabajadores, que pudieran servir ante una incapacidad del padre de los niños".

"Alejo ha sabido sacar adelante a la única hija que el sistema no le ha arrebatado", insistió Gabriel Velamazán, quien precisó que "su batalla se ha centrado en que no se lleven a Alejandra y le reintegren a los gemelos". Los procedimientos a los que se ha recurrido han determinado resoluciones "muy claras" que permitieron al cabo de algunos años archivar el expediente de desamparo respecto a Alejandra, mientras que la relación con los gemelos en estos momentos se reduce al contacto telefónico, visita un fin de semana cada tres y parte de las vacaciones de Semana Santa, Feria, Navidad y verano.

Una vez cerrada la cuestión civil, quedaba por resolver la vía contencioso administrativa, "atinente a la cuantía que la Junta de Andalucía habría de satisfacer por tanto daño". Así, en una reclamación por secuelas de 29 de julio de 2009 se demandaron 800.000 euros --la mitad para Alejo y la otra mitad para su hija Alejandra--, dicha resolución debe ser resuelta en seis meses, según el plazo máximo que estipula el Real Decreto 429/1993.

PREGUNTAS A NAVARRO

Por todo ello, el abogado de Alejo pidió a la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, que explique por qué desde los servicios sociales "jamás" se pusieron en contacto con la familia de Alejo Pozo y entregaron su hija mayor "a personas desconocidas". Además, "la consejera dice ante el desamparo se procura que el menor se quede con su familia", subrayó Gabriel Velamazán.

Del mismo modo, señaló que "entre los principios esenciales del sistema de protección de menores se encuentra el interés del menor, la preferencia de la familia natural y la no separación de los hermanos", por lo que instó a Navarro a explicar porque "en este caso se han incumplido flagrantemente todos estos principios".

A ello añadió que, "si la Junta gana el 98 por ciento de los casos de menores, ¿no resulta sospechoso que en los asuntos que pierden, según la Junta, aparezca siempre elaborando informes la misma trabajadora social que pertenece a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, que está tras estas 26 resoluciones o tras el intento de retirada de Alejandra?, y son sólo temas que he llevado personalmente porque hay muchos más casos de privaciones irregulares y la mayoría en Sevilla", apostilló Gabriel Velamazán.

Por otra parte, consideró de "valiente" que "el sistema ofrezca como opción básica a una familia con problemas que aborte a sus hijos y en caso de no hacerlo que se los retiren del mismo hospital".