SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado que la Junta de Andalucía está "obligada" a entregar las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, después de que ésta haya dictado un nuevo auto en el que las vuelve a pedir, dentro de las diligencias incoadas sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, Valderas ha considerado que el Gobierno andaluz "no tiene otro camino" que entregar las actas a la juez si "de verdad" tiene una actitud de colaboración para el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en los fondos para las empresas en crisis, "como tanto ha alardeado el presidente de la Junta en el propio Parlamento y el resto de los miembros del Gobierno".
En esta línea, el líder de IULV-CA, que ha mostrado su "sorpresa" por el nuevo auto dictado por la juez que lleva el caso, ha indicado que si la Junta decide acudir a los tribunales para evitar entregar las actas de los Consejos de Gobierno estará ocasionando un "conflicto innecesario". Según ha apuntado, "si no hay nada que ocultar, ni nada que temer, la Junta no debería poner impedimentos".
Asimismo, ha destacado el hecho de que la juez argumente que "no se están pidiendo las deliberaciones y votaciones, sino únicamente las actas con los acuerdos", los cuales, a entender de la magistrada, "no son secretos". "Eso es lo que habíamos planteado desde nuestra formación cuando la Junta se negó a enviarlas", ha añadido Valderas.
A juicio del líder de la federación de izquierdas, "el Gobierno se ha quedado bastante tocado del ala con este auto". "Este conflicto enrarece aún más la situación y deja a la Junta y al PSOE-A sin su principal argumento que era la plena colaboración con la Justicia para esclarecer lo sucedido", ha concluido.
