SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los vecinos de las familias de etnia gitana que el pasado verano retornaron a sus viviendas del Polígono Sur de Sevilla tras un exilio forzado de meses como consecuencia del tiroteo entre clanes que derivó en la muerte de un menor, conocidos como los 'caracoleños', han elevado quejas ante la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y el Comisionado para el Polígono Sur por las "provocaciones" y el comportamiento "inadecuado" de éstos.
Según indicaron a Europa Press fuentes vecinales, las quejas son "constantes" y "unánimes" desde que estas familias han regresado a sus viviendas, maniobra denunciada en los juzgados por Vivienda al encontrarse los inmuebles precintados al permanecer en ese momento abierta una investigación sobre la propiedad de los pisos.
La postura vecinal es conjunta al señalar que la tranquilidad que existía cuando estas familias estaban fuera de sus domicilios --sobrevivieron en infraviviendas durante unos cuatro meses, sufriendo incluso la pérdida de un bebé de corta edad por los rigores climáticos-- ya no existe.
En este sentido, el presidente de la asociación de vecinos 'Martínez Montañés', Rafael Pertegal, dijo a Europa Press que los vecinos constatan como "cada cierto tiempo forman jaleo, lo que ha creado un ambiente enrarecido". La "intranquilidad", de este modo, sigue existiendo en el barrio, en el que "no se puede transitar con la normalidad absoluta que antes de llegar de nuevo ellos ya había".
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio resolvió que 36 de las 41 viviendas que habitaban estas familias no tienen vínculo legal con sus moradores. Así, sólo una de las familias ha visto reconocidos sus derechos en cuanto a su vivienda porque otra renunció durante la instrucción de su expediente, a dos familias aún no se les ha notificado el fallo y una última vivienda resultó corresponder a unas personas ajenas al colectivo de los 'caracoleños'.
UNA BALA PERDIDA
Numerosas familias arraigadas en el entorno marginal de las Tres Mil Viviendas huyeron de la zona por temor a "represalias" como consecuencia del tiroteo que el 29 de marzo se saldó con la muerte de un menor de etnia gitana de 17 años en la calle José Sebastián Bandarán, donde una bala perdida alcanzó en la cabeza al menor mientras presenciaba el intercambio de disparos entre clanes de etnia gitana desde un todoterreno conducido por su propio padre.
Estas familias, que ya protagonizaron en 2004 el desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales, abandonaron el Polígono Sur prácticamente al día siguiente de que se produjera este tiroteo, si bien la muerte del menor no aconteció hasta días más tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío.
