La alcaldesa de Pedrola y secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, atiende a los medios de comunicación este jueves. - EUROPA PRESS
ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Pedrola, la socialista Manuela Berges, ha reclamado que se revise el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL porque, además de aprobar una exención del Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "deja fuera una serie de infraestructuras para la entrada a la propia planta" que pertenecen a los términos municipales de Pedrola y de Figueruelas, estimando que el coste, en su caso, superaría los 800.000 euros y supondría una carga económica "extra" y "muy importante".
"Ya no vamos a hablar de que no se va a recibir ese ingreso por parte del ICIO que hace cualquier empresa que viene a hacer su inversión, sino que además los ayuntamientos vamos a tener que hacer una aportación extra y muy importante para renovar ese tipo de infraestructuras, que entiendo que es de ley, que tenían que haber estado dentro de ese propio PIGA", ha explicado Manuela Berges este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación.
Sobre el recurso contencioso administrativo contra el PIGA de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, Manuela Berges ha aclarado que todavía no se ha formalizado, sino que se ha presentado y, por tanto, "se ha notificado" a las partes --Gobierno de Aragón y Stellantis-- la intención de hacerlo si no se alcanza un acuerdo, en cuyo caso se retiraría.
"Por tema de tiempos, o lo recurríamos ahora, o lo que ya estamos haciendo desde los ayuntamientos era asumir esa carga económica" que supone la adecuación y mantenimiento de infraestructuras de acceso y de circunvalación, con el correspondiente coste, por encima de los 800.000 euros, una cantidad que para un municipio de la dimensión de Pedrola, con 3.800 habitantes, "es muy importante". De modo que "había que pararlo", ha resumido.
Asimismo, ha indicado que la decisión de recurrir se adoptó después de mantener conversaciones con representantes de Stellantis y comprobar que las infraestructuras afectadas habían quedado fuera del PIGA.
RESPUESTA A AZCÓN
En respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en las que ha recordado que fue Partido Socialista el que permitió que los PIGA se pudieran llevar en la comunidad autónoma "sin tener el beneplácito del ayuntamiento", Manuela Berges ha reconocido que son "una buena herramienta si se utiliza bien", pero "no se puede utilizar para todo e indiscriminadamente y además dejar a los ayuntamientos fuera".
Sin embargo, ha dejado claro que además de secretaria de Organización del PSOE Aragón, es alcaldesa de Pedrola: "Voy a defender a capa y espada a los vecinos y vecinas de mi pueblo, que entiendo que no se tienen que hacer cargo de ese tipo de inversiones", ha expresado, al tiempo que ha mostrado su disposición a "colaborar con todo lo que haga falta" para que el proyecto avance.
Ha aplaudido la llegada de al inversión de Stellantis y CATL y "vamos a estar siempre apoyándola", de hecho, "mantenemos con ellos reuniones prácticamente diarias para otro tipo de proyectos que están haciendo anexos a la llegada de estas inversiones. Vamos trabajando y vamos a seguir trabajando, por supuesto que sí".
En esta línea, ha cuestionado la "falta de sensibilidad municipal" del presidente aragonés y se ha referido a que durante su etapa como alcalde de Zaragoza también criticaba que el Gobierno autonómico no contara con los ayuntamientos en decisiones que afectaban a sus municipios.
"Si él lo tenía tan claro y le enfadaba tanto que en aquel momento el Gobierno de Aragón no contase con él, ¿cómo no tiene ahora esa sensibilidad de contar también con los ayuntamientos?", ha preguntado.
RECLAMACIONES AL GOBIERNO DE ARAGÓN
Berges ha aprovechado para solicitar al Gobierno de Aragón que acompañe la llegada de grandes inversiones industriales con una mejora de los servicios públicos en los municipios que van a experimentar un crecimiento de población.
Ha advertido de las dificultades que ya están afrontando estas localidades en materias como la sanidad, la educación o la vivienda: "Nos están dejando sin médicos y nos está llegando más gente a la zona; que mire cómo están los sistemas educativos, que están haciendo unas inversiones brutales, 129.000 euros por aula a la concertada, y a los colegios --públicos--, sean pequeñitos o sean grandes, 15.000 euros, no sé si para que se compren un paipái o un abanico".
Para la alcaldesa, el desarrollo industrial debe traducirse en oportunidades y bienestar para el territorio, pero también exige planificación, financiación y unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la población. "Queremos que llegue gente, queremos acogerla y vamos a colaborar en todo lo necesario, pero los ciudadanos de los pueblos también somos ciudadanos de primera", ha concluido.
