Aragón ahorrará 10 millones de euros con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, según el Ministerio

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 10 millones de euros para Aragón en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, mientras que su implantación sólo requeriría una inversión de 490.000 euros, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino simplemente adecuar las existentes.

Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado este martes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, que el Ejecutivo aragonés ha abandonado, junto a otras comunidades del PP, "sin escuchar las cifras que afectan a su territorio ni detallar sus esfuerzos para implementar la ley", según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Finalmente, el pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Aragón, que "no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas", hana segurado desde Justicia.

No obstante, el Ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos y continúan trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.

10 MILLONES DE EUROS DE AHORRO

El estudio realizado por el Ministerio detalla que, en Aragón, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 10 millones de euros en 10 años.

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura, con un coste de 400.000 euros.

Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euro, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.

MÁS DE 14 MILLONES INVERTIDOS

La inversión que el Ministerio de Justicia ya ha realizado en Aragón para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia asciende a 14 millones de euros, procedentes en su mayoría de fondos europeos, una cifra "histórica" para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo.

Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley.

Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de Aragón, es del 0%, han asegurado.

Los avances realizados en las nueve líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el Ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.

UNA JUSTICIA "MÁS ÁGIL Y EFICIENTE"

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.

La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial.

Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones.

La nueva estructura, que comienza el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.