Conferencia General de Política Universitaria, con la presencia de la consejera aragonesa, Claudia Pérez Forniés. - GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón ha reiterado su "indignación" ante la decisión tomada el pasado viernes por el Ejecutivo central sobre la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), al entender que "implica un sobrecoste para todas las universidades, que no ha sido calculado adecuadamente y que ahora pretende que sea asumido, en gran parte, por las Comunidades Autónomas".
Este acuerdo se alcanza tras una reunión en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y en la que Sánchez les traslada su decisión de sufragar parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU, ha informado el Ejecutivo aragonés.
Desde el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, han insistido en que "siguen existiendo discrepancias", no sólo con las Comunidades Autónomas, sino también con las universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctores necesarios, así como el modelo para financiar los mismos.
ANTECEDENTES
Con la finalidad de consensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de la LOSU, el pasado 2 de febrero se constituye una comisión de trabajo a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integrada por el propio Ministerio, una representación de las comunidades autónomas, representantes de la CRUE y representantes de los sindicatos.
Durante tres sesiones del grupo de trabajo se analiza, por primera vez, el impacto real de la LOSU, llegando a algunos acuerdos entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y duodécima de la norma.
En la última reunión, celebrada el 4 de marzo, todas las Comunidades Autónomas presentan una propuesta de financiación de las plazas que el Ministerio se compromete a estudiar. "No ha sido hasta este lunes cuando se ha conocido, por los medios de comunicación, que dicha propuesta ha sido rechazada y que el Gobierno Central solo financiará dos tercios de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la LOSU", han reiterado desde el Departamento.
En este sentido, el Gobierno de Aragón ha recalcado la necesidad de tener en cuenta que, cuando el Ministerio habla de plazas, se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los Profesores Ayudantes Doctores, un contrato temporal de seis años. De la misma manera, da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, ha rechazado el anuncio realizado por el Gobierno y ha mostrado su disconformidad, una vez más, por "la forma de actuar debido al compromiso económico que significa para las Comunidades Autónomas medidas unilaterales adoptadas por el gobierno sin previo consenso".
Por esta razón, el Ejecutivo aragonés ha solicitado al Gobierno central que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación "justo, proporcional y posible, en el que puedan ser asumidas las consecuencias de la implantación de la LOSU que deben sufrir las Comunidades Autónomas".