ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón han interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia de Huesca una demanda de nulidad de pleno derecho de los contratos de compraventa de los bienes de Sijena. En ella se pide la anulación de esos contratos, firmados en 1983 y 1992 por las religiosas de la Orden de San Juan de Jerusalén y la Generalitat de Cataluña.
Se trata de 119 piezas pertenecientes al Real Monasterio de Sijena, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional.
En la demanda se expone que la compraventa se produjo "sin tener en cuenta la regulación que garantiza la indivisibilidad de los BIC; es decir, que no se pueden separar los bienes muebles del inmueble", ha detallado el Gobierno de Aragón.
Los 119 bienes forman parte esencial de la historia del cenobio y parte integrante de él, por lo que se considera que la enajenación supuso la destrucción y mutilación de un Bien de Interés Cultural. Además se llevó a cabo sin la preceptiva autorización de las administraciones competentes que son el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tras estas dos razones el Gobierno de Aragón reclama que los contratos de compraventa sean declarados nulos de pleno derecho y que los demandados reintegren los bienes a sus propietarias para su traslado al Real Monasterio de Sijena.
Satisfacción por la decisión del TSJC
La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat se ha felicitado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre los bienes de las parroquias del Aragón oriental.
La consejera ha destacado que se ratifica de esta forma la sentencia dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lérida.
Se trata ya de una sentencia firme, contra la que no cabe recurso, que cierra la vía civil y que, igual que habían hecho los tribunales eclesiásticos, confirma que los bienes son de las parroquias aragonesas.
