Aragón refuerza sus servicios de administración de justicia con 39 nuevas plazas y una inversión de 1,7 millones

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón aprovecha la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal (LO1/2025) para reforzar los servicios de administración de justicia con la ampliación de su plantilla --39 nuevas plazas-- y la integración de todos los municipios de la comunidad autónoma mediante una inversión total que supera los 1,7 millones de euros.

La reforma se articula a partir de dos decretos y la conformación de tres relaciones de puestos de trabajo por orden de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Justicia y conllevan, en primer lugar, la trasformación de los tradicionales juzgados de paz en oficinas de justicia en el municipio, que pasan de los actuales 26 a 35 mediante la creación de nueve nuevas ubicaciones en las localidades de Mora de Rubielos, Utrillas, Cantavieja y Valderrobres, en la provincia de Teruel; en Graus y en Aínsa-Sobrarbe, en la de Huesca; y en Alagón, Belchite y Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza.

En todas ellas existirá un gestor secretario de la agrupación de oficinas de justicia en el municipio y un funcionario del cuerpo de auxilio, y las 35 agrupaciones darán cobertura a todos los municipios de Aragón mediante una inversión del Ejecutivo autonómico de aproximadamente 837.000 euros.

Cañadas ha explicado que el Gobierno de Aragón "es ambicioso" y, por ello, partidario de ir ampliando el catálogo de funciones que la ley orgánica contempla para los funcionarios de los cuerpos nacionales de Administración de Justicia en su labor de cobertura a los jueces de paz.

Así, además de las notificaciones de resoluciones personales y las tareas de registro civil, tratará de que desde las agrupaciones se puedan llevar a cabo actos procesales por videoconferencia con los juzgados de los partidos judiciales para evitar desplazamientos a las sedes, así el poder recabar antecedentes penales.

AJUSTAR EL MODELO

El cambio del sistema que plantea la ley orgánica parte del modelo tradicional del partido judicial y la organización trata de ajustarlo en la medida de lo posible al modelo comarcal aragonés con el doble objetivo de "acercar los servicios públicos a toda la ciudadanía e integración de todos los municipios", según ha destacado el director general de Justicia del Gobierno de Aragón, Jorge Oswaldo Cañadas, en la rueda de prensa de este jueves para presentar las medidas nuevas medidas en materia de justicia.

El segundo decreto crea la oficina judicial de los trece primeros tribunales de instancia que conforman esta primera fase, que son todos los partidos judiciales de Aragón, a excepción de las tres capitales de provincia --Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca y Monzón, en la provincia de Huesca; Alcañiz y Calamocha, en la de Teruel; y Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona, en la provincia de Zaragoza--. Conlleva una inversión de 875.000 euros.

Según ha explicado Cañadas, donde existían dos juzgados de primera instancia e instrucción, estos se fusionan para dar lugar a un tribunal de instancia. Misma organización que se dará donde solo había un juzgado.

Integrará a todos los funcionarios de la oficina judicial y servirán las dos categorías jurisdiccionales que venían encomendadas a estos órganos hasta la fecha, es decir, la instrucción penal y el su enjuiciamiento propio y la jurisdicción civil.

La reforma viene acompañada del refuerzo de personal de las plantillas de esos partidos judiciales con 21 funcionarios de los cuerpos nacionales de Administración de Justicia, que se reparten "atendiendo a su carga de trabajo y a la estadística que venían ofreciendo hasta el momento", tal y como ha destacado el director general de Justicia.

De esta manera, a Boltaña llegarán un gestor procesal y un funcionario del cuerpo de auxilio; la plantilla de Monzón se reforzará con tres funcionarios del cuerpo de tramitación; Alcañiz, contará con cinco nuevos profesionales --un gestor y cuatro tramitadores--; Calamocha, contará con un profesional de cada cuerpo --un gestor, un tramitador y un funcionario del cuerpo de auxilio--; Calatayud y Caspe sumarán un tramitador y un funcionario del cuerpo de auxilio; Daroca, incorporará un funcionario del cuerpo de auxilio; a Ejea de los Caballeros llegarán un gestor y un tramitador; y, por último, Tarazona, verá reforzada su capacidad con un gestor procesal.

Cañadas ha defendido que el Gobierno de Aragón realiza con esta reforma "un esfuerzo a la altura de las exigencias de la Administración de Justicia en los actuales tiempos", atendiendo a "la importante carga de trabajo" que soportan actualmente los juzgados y tribunales atendiendo a la litigiosidad actual.

Igualmente, el director general de Justicia ha aseverado que con esta nueva organización "se pretende balancear las cargas para que en cada momento las oficinas judiciales que sirven los tribunales de instancia puedan dar la respuesta más adecuada a las necesidades ciudadanas". Ello responde, según ha explicado, al incremento importante de la litigiosidad de los denominados 'pleitos masa', los referidos a materia de consumo.

"La ley orgánica lo que pretende es flexibilizar estas estructuras para en ese momento puntual poder destinar mayores recursos en detrimento de otras que en ese momento tengan menos carga", ha señalado.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

La Ley Orgánica dota al sistema de Justicia de una nueva estructura organizativa que pretender ser más eficiente, con sistemas de trabajo racionales y homogéneos de cara a su desempeño con la máxima eficacia y responsabilidad.

La implantación del nuevo modelo organizativo será progresivo y escalonado. En el primer plazo, incluye a los Partidos Judiciales en que solo existan Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En este caso se encuentran todos los Partidos Judiciales de Aragón, con la excepción de las tres capitales de provincia, cuyo plazo para convertirse en Tribunales de Instancia es finales de este año.

Cada servicio común de tramitación está integrado por los puestos que determinen las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), reservados al personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.