El Ayuntamiento de Zaragoza tramita unos 4.500 expedientes de vulnerabilidad a personas inmigrantes

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tramitado unos 4.500 informes de vulnerabilidad, desde que entrara en vigor, a mitad del mes de abril, el real decreto ley de regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Desde el Ayuntamiento tuvimos muy claro que teníamos que hacer una gestión muy eficaz y muy bien ordenada", ha relatado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

"Al principio --ha recordado-- recibimos críticas por parte de los que deberían habernos dado la información para poder hacerlo bien, pero afortunadamente gracias al gran equipo que tengo y a decisiones bien tomadas, al hacerlo a través de la Casa de las Culturas, con cita previa, con los informes que ya teníamos de los servicios sociales, la verdad es que ha ido fluido y no ha habido problemas".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que se van cerrando las citas previas y ya tienen comprometidas fechas hasta la semana para estimar que serán unas 4.500 las personas migrantes que vayan a pedir el informe de vulnerabilidad.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Orós ha comentado que, tras hablar con las entidades que tienen a las personas acogidas al derecho de protección internacional, que compete al Gobierno de España y que concede a las personas de Mali, Burkina Faso y Somalia, 'grosso modo' les han informado de que habrá algo más de 300 personas que se han acogido a esta regularización extraordinaria.

"Eso supone que el día que les den el papel dejan de estar bajo el manto de protección internacional y si dejan de estar bajo el manto de protección internacional y no se les da una continuidad puede suponer, y ojalá no sea así que 300 personas acaben en situación de calle", ha alertado.

En ese sentido, ha adelantado que, cuando acabe el proceso y se tengan todos los datos, pedirá a la Delegación de Gobierno en Aragón que "no corte el Gobierno de España esos procesos de integración de las personas que tienen derecho a protección internacional y que se hagan cargo de ellos hasta que tengan un recurso habitacional estable y un empleo".

En caso contrario, ha avisado de que "al final lo que hacen es derivar el problema a la administración local, que es la que se está encargando de una manera absolutamente intensa con respecto a otras administraciones de dar cobertura y ayuda a esas personas que llegan aquí de otros países en situaciones muy precarias".