Bienestar Social ultima los nuevos convenios de ayuda a domicilio con comarcas y ayuntamientos, con precios más elevados

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón está "cerrando" la firma de los nuevos convenios de ayuda a domicilio para personas dependientes con las comarcas y los ayuntamientos, que subirán de 20 y 21 euros por persona en comarcas con especial dispesión a 25,7 y 26,7 euros, ha avanzado este martes la consejera, Carmen Susín, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a propuesta de PSOE e IU.

En su intervención, Susín ha afirmado que "Aragón ha dado pasos muy importantes en estos dos años para mejorar el sistema de atención a la dependencia" con "mejoras indiscutibles", aunque "queda camino por recorrer", recalcando que "la financiación está congelada por el Gobierno de España" y que las exigencias de los independentistas "ponen en riesgo" la asistencia en otras comunidades.

Susín ha señalado que se ha dejado de "topar" el acceso de los ciudadanos a las solicitudes. El sistema reconoce el derecho a ser atendidos a 41.000 aragoneses, solo 120 personas están en "el limbo de la dependencia", a la espera, y Aragón está en los niveles más bajos de lista de espera de más de seis meses.

En 2022 se emitieron más de 900 resoluciones de atención a la dependencia y 4.158 en lo que llevamos de años, consecuencia de "haber puesto medios y recursos para la valoración", lo que "es gestión y medios" y hace meses que se supera el número de personas atendidas, 47.941 personas atendidas, con más de 63.000 prestaciones en vigor, un 10% más que hace un año, con un 40% de prestaciones económicas en el hogar y aumentando las prestaciones de colaboración.

Respecto al programa individual de atención son el 56% de las personas dependientes y el tiempo medio de resolución es de 152 días, 3 menos que en agosto y "muy por debajo de la media nacional", ha subrayado la consejera.

En septiembre de 2024 se alcanzaron las 4.900 solicitudes en lista de espera y se ha reducido más de un 30%, "la cifra más reducida desde marzo de 2022", y las personas que llevan más de seis meses de espera suman 704 personas, con solo cuatro comunidades por debajo de la media nacional.

En cuanto a las prestaciones, "hay que seguir avanzando". La prestación para tener un cuidador en casa "está teniendo buena acogida", con 690 familias inscritas en este programa. Hay 10.849 personas con prestación de teleasistencia y 10.342 tienen una prestación vinculada al servicio, a lo que se suman más de 12.000 personas con prestación para una residencia.

Ha hecho notar que para subir las prestaciones o aumentar la teleasistencia "hacen falta presupuestos" y ha destacado que se va a pagar un 25% más por las plazas en residencias, asegurando que el Gobierno anterior dejó las residencias comarcales "al borde de la quiebra".

"Tenemos buena relación con el ministro Bustinduy, que tiene congelada la financiación", ha dicho y ha hecho hincapié en que el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha creado "una brecha entre españoles", con más financiación para Cataluña y País Vasco y ayudas "de segunda" para el resto de comunidades autónomas.

Susín ha instado al Gobierno de España a poner en marcha un grupo de trabajo para encontrar trabajadores para centros asistenciales y de ayuda a domicilio, con medidas en extranjería, educación y empleo.

También ha defendido el nuevo modelo aragonés de las Casas del Mayor y la puesta en marcha de la prestación del cuidador profesional.

PRESTACIONES "DE BAJO COSTE"

La parlamentaria del PSOE Pilimar Zamora ha exigido que la plantilla sea "estable y dimensionada", señalando que "el papel no garantiza que las personas tengan la prestación que necesitan", y criticando que las prioridades de Susín pasan por "las prestaciones de bajo coste", con un 41% de prestaciones de teleasistencia y el 28,2% de asistencia en el hogar.

Ha recordado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, anunció la subida del precio de la hora de asistencia en las comarcas y ha indicado que no se destina "ni un solo euro" para el plan de mejoras de infraestructuras. Ha reclamado la mejora de las condiciones laborales en los centros y se ha quejado de que el gasto público en cada persona dependiente es un 33% menor que la media nacional.

Con el PP "lo público refuerza lo privado", ha criticado Zamora, quien por otra parte ha observado que el Ejecutivo no ha regulado la figura del asistente personal y que las prestaciones para plazas residenciales son "las más bajas" de España, todo "entre titulares incumplidos y promesas", instalada la consejera en "una continua oposición". Ha advertido de que esta puede ser "una legislatura perdida".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha recalcado que el sistema basado en prestaciones es "transitorio" hasta alcanzar un sistema público de cuidados, apuntando que el sistema aragonés se basa en prestaciones económicas, que son "la medida estrella" del Gobierno de Aragón en esta materia, con un 56,04% del total del gasto.

Ha preguntado cuál es la cuantía media de la ayuda para cuidadoras profesionales, indicando que la ayuda media está entre 30 y 50 euros por debajo de la media nacional: "Esto no es valorizar la profesión de los cuidados", ha lamentado, asegurando que el sistema actual es "disfuncional" y alertando de que la ayuda a domicilio "es escasa" y está por debajo de la media nacional.

Respecto a las residencias, ha dicho que la ratio de residentes corresponde a la legislación anterior a la ley de atención a la dependencia y le ha echado en cara que hace "exactamente lo mismo que su predecesor". "Preferimos comprar campos de fútbol", ha afeado.

"CAMBIO DE TENDENCIA"

Ha intervenido la diputada del PP Silvia Casas, quien ha manifestado que cuando llegó el PP al Gobierno el sistema de atención a la dependencia "estaba casi en colapso" y ahora hay "un cambio de tendencia", con "el presupusto más alto de la historia, con más prestaciones que nunca en el menor tiempo posible", de forma que "los datos van bien". Ha elogiado la agilización de los procedimientos por parte del Departamento y ha aseverado que "la dependencia está mejor que nunca en esta Comunidad, aunque hay margen de mejora".

Desde el grupo parlamentario de Vox, David Arranz ha expresado que la atención a la dependencia "no es una cuestión estadística, sino vidas y personas" y ha rechazado las políticas del "bipartidismo", aunque ha reconocido "los avances" en esta legislatura, que "están teniendo cierto efecto", y ha avisado de que "va a haber mucha más demanda", con decenas de miles de expedientes activos, más de 60.000 en septiembre de 2025, lo que "exige una estructura que evite la acumulación y los retrasos". "Mucho más gastamos en menas que en nuestras personas mayores dependientes", ha añadido.

Para la diputada de CHA, Isabel Lasobras, el sistema de servicios sociales necesita "una transformación y un refuerzo" desde una perspectiva "constructiva y profesional". Ha propuesto conectar la plataforma de la dependencia con Atención Primaria para evitar la dispersión de datos e incorporar los informes médicos a los expedientes de solicitud de atención a la dependencia. Ha alertado de "la privatización encubierta".

En el turno de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha señalado que "los datos no nos pueden ocultar la realidad de personas individuales con sus necesidades", lo que exige "lograr avances, mayor capacidad en la prestación de este servicio", emplazando a "mejorar los puntos débiles" y llevar a cabo "un debate sereno". Ha mencionado el servicio de comida a domicilio en Cuencas Mineras, que la comarca bonifica, lo que ha reconocido al área de Servicios Sociales: "Mire a las comarcas y atienda estas necesidades".