Chueca lamenta el trato que reciben los inmigrantes por parte del Gobierno de España con un decreto que genera "caos"

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado que las personas inmigrantes que están haciendo esas filas a las puertas del Ayuntamiento buscando información "no se merecen este trato por parte del Gobierno de España". "Confío en que reaccione, aunque sea tarde, porque hasta la fecha no hemos recibido la información que necesitamos y solamente se han generado dudas y caos" por el real decreto de regularización extraordinaria.

Chueca ha recordado que ya hay un mecanismo para compartir información con el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón con la que se convocan reuniones cuando se van a producir eventos, como las fiestas del Pilar.

"Cuando nosotros en la ciudad de Zaragoza --ha relatado-- tenemos la previsión de que va a haber un gran evento y vamos a necesitar la colaboración del Gobierno de España a través de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, lo que hacemos es anticipadamente reunirnos, sentarnos en torno a la mesa compartir información y coordinarnos para ver cómo podemos prestar el servicio de la mejor forma posible".

Por eso, hay un mecanismo que "se podría haber utilizado", pero "ni siquiera nos han llamado tres días después todavía no hemos recibido nada de información", ya que el real decreto entró en vigor el pasado jueves, 16 de abril.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que después de la experiencia del pasado jueves y viernes con largas filas a las puertas del Ayuntamiento, esta semana ha empezado con la misma imagen de largas filas de personas solicitando información.

"SEGURIDAD JURÍDICA"

"El viernes por la tarde recibimos la primera información por parte del Gobierno de España a través de la FEMP, viernes por la tarde, cuando el decreto estaba publicado desde el jueves por la mañana, y cuando desde el martes y ya desde el jueves se habían generado filas porque había un gran desconcierto y falta de información".

En dicha carta que el Gobierno de España ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "se dice la misma información que hay en el decreto y que si hay duda con el informe de vulnerabilidad, que procedamos como quiera cada institución", ha resumido Chueca.

A su parecer, esta respuesta "no es de recibo" al argumentar que "no da las garantías ni tiene la seguridad jurídica para que ningún funcionario pueda reiterar si una familia o una persona es vulnerable o no".

Chueca ha criticado que el real decreto está generando "mucho caos" y ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que informe.

"Yo no sé por qué el delegado del Gobierno en Aragón no ha tenido tiempo todavía para llamarme, para informarme, para decir qué hay que hacer, ni tampoco para poner puntos de información, porque lo que está sucediendo hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza es que vienen cientos y cientos de personas a preguntar y a informarse porque no tienen información de qué papeles necesitan y cuáles son los criterios con los que pueden tener ese informe de vulnerabilidad o si tienen derecho o no tienen derecho a dicho informe. Como digo, es un caos", ha sintetizado.

VINCULADA AL EMPLEO

A su parecer, si se tiene que impulsar una regulación extraordinaria, como ha decidido el Gobierno de España, "primero debería hacerse en base al empleo y no solamente a la vulnerabilidad, como es lo que ha hecho".

En segundo lugar ha comentado que ante esa decisión del Gobierno de España "lo mínimo que debería hacer y cuando además se necesita de colaboración de otras instituciones es informar, aclarar y dar unos criterios objetivos que se puedan seguir" y de los que carecen en la actualidad.

Ante esta situación, ha avanzado que van a reclamar para hacer una solicitud de información de las dudas que los técnicos municipales han detectado tras estudiar "bien" el decreto ley y las preguntas que se están formulando porque "realmente genera un caos y una situación muy compleja".

Por otro lado, ha observado que ante "esa saturación" a la que someten a los ayuntamientos va a suponer en las próximas semanas y días "una saturación también de los servicios sociales, si finalmente son los servicios sociales municipales los que tienen que hacer ese informe de vulnerabilidad".

"Ya que nos están trasladando unas competencias que no son propias, que también nos trasladen unos recursos con los que hacer frente a estas solicitudes para que podamos dar el servicio de la mejor forma posible. Nosotros aquí estamos un poco a lo que nos digan, pero me parece que no es la forma de trabajar ni de colaborar", ha zanjado.

Para agilizar el trámite se han creado dos filas a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. En una los ciudadanos pueden hacer sus trámite habituales y en la otra están las personas inmigrantes que quieren solicitar información para acogerse a la regularización extraordinaria.

COMO CHURROS

Por su parte, la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha incidido en que es "fundamental" que se aclaren los términos del real decreto y, en segundo lugar, que se habilite una oficina de información para todas esas personas que están en la puerta del ayuntamiento esperando información que "no le podemos dar porque no tenemos esa información". "Por favor, una oficina del ministerio o a través del delegado de gobierno para que explique los términos del real decreto", ha apremiado.

De forma gráfica, Orós ha comentado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "no se pueden hacer informes de vulnerabilidad como si fueran churros, como si fuera un papelito más, porque al final lo firma un profesional y acredita que una persona está en situación de vulnerabilidad".

Por tanto, es "necesario" tener una base objetiva para poderlo hacer y por otro lado ha agregado: "No podemos permitir ser cooperadores necesarios de una regularización a granel, sin planificar, sin memoria económica, como dice el informe del Consejo de Estado, que además tiene términos que incluso podrían chocar con diferentes preceptos normativos", ha alertado.

Orós ha aseverado que la intención del Ayuntamiento de Zaragoza es, "por supuesto, cumplir con la norma", pero que se aclare qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos y, desde luego, que la propia Delegación del Gobierno o el ministerio correspondiente "explique bien todos los términos".

Esta exigencia la ha trasladado al argumentar que el real decreto "no permite aportaciones, sino que ha sido impuesto y va en contra de un informe del Consejo de Estado o, por lo menos, no ha recogido casi nada de lo que el Consejo de Estado, cuya presidenta es Carmen Calvo, del PSOE" y no hay duda de que ese informe es absolutamente objetivo y claro".

Otra crítica de Orós versa sobre las dudas que plantean las ciudades sobre esos informes de vulnerabilidad. "El modelo obligatorio que está en la norma resulta que ahora dice el secretario de Estado que no hace falta, que hagamos lo que queramos. Imagínense. Todo esto termina en caos, desinformación, por parte de las personas que están allí y absoluta frustración también por parte nuestra".

En rueda de prensa, la consejera municipal ha precisado estar dispuesta a que el Ayuntamiento "haga lo que le toque", pero que previamente "alguien diga exactamente qué es lo toca, que dé garantías jurídicas de que lo que van a firmar los trabajadores sociales con criterios objetivos para poder hacer un informe en condiciones y no un papelito", ha diferenciado.