El consejero de Industria reconoce que ya en el año 2007 el sector de la construcción tenía "problemas"

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha reconocido este jueves que el sector de la construcción ya padecía "problemas" en 2007, cuando él mismo empezó a mantener contactos con representantes sindicales de la fábrica que la multinacional del PVC Pipelife tenía en el zaragozano Polígono Malpica.

Aliaga ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Industria de las Cortes de Aragón, a petición del PP, donde ha dado cuenta del proceso de cierre de la firma, que se enmarca en el sector de la construcción en Aragón y el resto de España, lo que ha llevado a los propietarios a abandonar el denominado "mercado ibérico".

A día de hoy es "inviable" la recuperación del sector de la construcción, ha indicado Aliaga, quien ha recordado que en España hay un stock de un millón de viviendas y hay una previsión de construcción de unas 90.000 nuevas el año próximo.

Aliaga ha aclarado que Pipelife "no ha recibido ninguna ayuda, ninguna subvención", y ha recordado que es una firma norteamericana que se instaló en España durante la década de los años 80 del siglo XX, cuando el país "ofrecía oportunidades", es decir, "igual que ahora empresas españolas van a Marruecos o van a China".

El titular de Industria ha reseñado que Pipelife se dedicaba a la fabricación de tubos de PVC, un material plástico que ha sido cuestionado por motivos ambientales. La planta del Polígono Malpica ha llegado a tener 100 trabajadores en determinados momentos.

Pipelife "ha sufrido con especial intensidad la fuerte caída de demanda y las fuertes restricciones crediticias", ha continuado el consejero, quien ha considerado que "era inviable una recuperación a medio plazo de la demanda en el sector", entre otros motivos por las restricciones en el gasto público y en obra civil.

En 2007, Pipelife tuvo pérdidas por valor de 4,7 millones de euros; en 2008, de 3,5 millones; en 2009, 4,4 millones de pérdidas y las previsiones de este año se espera perder tres millones de euros. La masa salarial es de cuatro millones de euros anuales, ha explicado el consejero.

Aliaga mantuvo negociaciones con una firma radicada en el entorno de la ciudad de Barcelona para relanzar la fábrica de Malpica, pero al final "no llegaron a un acuerdo" y Pipelife continuó en solitario.

Una vez que la dirección de la planta decidió salir del denominado "mercado ibérico", el Departamento trató de beneficiar lo más posible a los empleados y, al no llegar a acuerdo alguno en el proceso de negociación, Aliaga impulsó un acuerdo entre sindicatos y empresa el pasado 18 de noviembre, de tal manera que cada trabajador cobraría 35 días por año trabajado. El último objetivo de Aliaga ha sido que Pipelife no se marchara "de rositas".

El diputado del PP, José Ignacio Senao, ha aludido a la participación, años atrás, del Gobierno de Aragón en la empresa aeronáutica Composite Aeronautic Group (CAG), a través de la sociedad pública de capital riesgo Savia, con un gasto de 16 millones de euros, operación que la oposición parlamentaria ve opaca y que ha motivado dos solicitudes de investigación desde CHA e IU por un lado y el PP por otro.

Si el trato a Pipelife hubiera sido igual que el procurado a CAG, a cada trabajador de Pipelife le hubieran correspondido 150.000 euros, ha indicado el portavoz de industria del PP.

Senao se ha preguntado "por qué el Gobierno de Aragón no hace lo mismo en lo que no hace competencia desleal" y favorece el desarrollo industrial.

El parlamentario popular ha dicho que el caso de Pipelife es la prueba de que la crisis económica ya había comenzado en 2007, en contra de lo que en su día afirmó el presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias, quien no habló de crisis hasta que finalizó la Exposición Internacional de Zaragoza, en septiembre de 2008.

Por su parte, el portavoz económico de CHA, Chesús Yuste, ha criticado la "absoluta falta de respeto" hacia los trabajadores por parte de la dirección de Pipelife y ha considerado "ilegal" el cierre patronal, de corte "asilvestrado" y que la Inspección de Trabajo revirtió.

"Estaban más comprometidos con el futuro de la empresa los propios trabajadores" que los propietarios y, de hecho, se ofrecieron a realizar "sacrificios" a la espera de mejores resultados en 2012, ha dicho Yuste.

El socialista José Ramón Ibáñez ha defendido la gestión de Arturo Aliaga y ha dicho que el consejero trató de conseguir que el cierre de Pipelife se realizara en las mejores condiciones para los trabajadores.

El diputado del PAR, Javier Callau, ha opinado que el final de la fábrica de Pipelife en Malpica "ha sido lamentable", tras lo que ha resaltado el "buen trabajo" del consejero Arturo Aliaga "en un escenario de crisis durísima" y pese a la actuación de la dirección de la empresa.