ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de las Cortes de Aragón ha admitido a trámite 83 enmiendas dirigidas al proyecto de ley de Transporte de Personas por Cable de Aragón, después de que el plazo para presentar las aportaciones a esta iniciativa legislativa, registrada por el Gobierno de Aragón el pasado mes de enero, se ampliase en dos ocasiones a petición de los grupos parlamentarios de Partido Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.
Con este nuevo texto legal, que en su redacción inicial está compuesto por 45 artículos y ocho disposiciones de diferente naturaleza, se pretende regular una modalidad de transporte que "se utiliza para satisfacer necesidades asociadas a actividades de carácter turístico, deportivo y de ocio, y que en los últimos años han experimentado un considerable incremento en el número de usuarios".
En este sentido, cabe recordar que existen un centenar de instalaciones de este tipo en territorio aragonés, informaron desde las Cortes de Aragón en un comunicado.
Desde un punto de vista cuantitativo, la formación que pretende incluir más modificaciones al proyecto legislativo es el PP, que defenderá en fase de ponencia hasta 39 enmiendas. El resto de propuestas de modificación presentadas se reparte entre CHA, que avala 25, e IU, que rubrica un total de 19.
NUEVA CONVOCATORIA DE COMISIÓN
Por otra parte, el órgano rector de la Comisión de Obras Públicas también ha decidido incluir en la agenda parlamentaria dos temas, uno sobre los sistemas de protección para motoristas en carretera y otro el futuro uso del suelo de dos parcelas en Huesca capital, que centrarán la próxima convocatoria prevista para el próximo miércoles 15 de abril.
El primero de los asuntos se concretará a través de la presencia del consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, que, a petición del PP, deberá informar sobre la implantación de los citados sistemas en la red viaria aragonesa.
El segundo es una proposición no de ley de IU, en cuyo debate los grupos deberán pronunciarse sobre la posibilidad de que los suelos del antiguo acuartelamiento Alfonso I y antiguo cuartel de la Merced de la capital altoaragonesa sean destinados a vivienda de alquiler y vivienda de protección oficial.
